La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el intento del presidente Donald Trump de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, al declarar inconstitucional el decreto que buscaba impedir que los hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus migratorio temporal obtuvieran automáticamente la nacionalidad estadounidense. La decisión fue adoptada con seis votos a favor y tres en contra, representando uno de los fallos más trascendentales del actual período judicial.
La medida anulada había sido firmada por Trump el 20 de enero de 2025, durante su primer día de regreso a la Casa Blanca, con el propósito de modificar una garantía constitucional vigente desde hace más de 150 años. Sin embargo, tres tribunales federales bloquearon previamente su aplicación al considerar que violaba la Constitución, decisión que finalmente fue respaldada por el Supremo.
En la opinión mayoritaria, el presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo que la ciudadanía por nacimiento constituye uno de los pilares fundamentales del sistema constitucional estadounidense. Recordó que la Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanos del país, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
Aunque la mayoría del tribunal respaldó esa interpretación histórica, los jueces conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch votaron en contra. Thomas afirmó en su opinión disidente que la decisión podría “no resistir la prueba del tiempo” y consideró que el fallo reduce el valor de la ciudadanía estadounidense.
La sentencia representa un importante revés para la política migratoria de Trump, quien calificó la decisión de “lamentable” a través de su red social Truth Social y reiteró su oposición a la ciudadanía por nacimiento. Incluso instó al Congreso a impulsar una ley para eliminar ese derecho, aunque expertos consideran poco probable una reforma constitucional debido al amplio consenso político que esta requeriría.
El fallo también reafirma la interpretación establecida en 1898, cuando la Corte Suprema determinó, en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, que prácticamente todos los niños nacidos en territorio estadounidense adquieren automáticamente la ciudadanía. Con esta decisión, el máximo tribunal mantiene vigente uno de los principios más importantes del sistema constitucional del país y cierra, al menos por ahora, uno de los debates más sensibles sobre inmigración en Estados Unidos.
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