DGCP investiga contrato millonario para instalación de alumbrado en Santiago
Santiago, RD.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó una investigación sobre el contrato otorgado por la alcaldía de Santiago a la empresa Servicios Electromecánicos Integrados (SEISA) SRL. El acuerdo, que supera los 500 millones de pesos, contempla la instalación del alumbrado público e iluminación urbana en la ciudad.
Motivos y alcance de la investigación
La pesquisa, oficializada mediante la resolución 61-2017 de la DGCP, tiene como objetivo esclarecer posibles irregularidades en la adjudicación del contrato. Se busca determinar si el proceso cumplió con los estándares legales y de transparencia exigidos para licitaciones públicas.
Implicación de empresas impugnantes
El contrato ha sido cuestionado ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) por las compañías ESC Group, SRL y Grupo Cobsol SRL. Estas empresas alegan que la alcaldía de Santiago restringió la participación de las Mipymes dominicanas durante el proceso de licitación.
Además, denuncian que los valores aprobados en el contrato “sobrepasan los precios del mercado”, lo que podría afectar la adecuada gestión financiera y transparencia en la ciudad.
Estado actual de los trabajos y respuesta municipal
A pesar de las impugnaciones, la alcaldía informó que ya comenzaron los trabajos de instalación del sistema de alumbrado en la entrada de Santiago, específicamente por la autopista Duarte. Este avance forma parte del plan para modernizar la iluminación urbana y mejorar la seguridad vial.
Solicitud de suspensión por parte de los impugnantes
El abogado Félix Pujols Jerez, representante legal de las empresas que impugnan el contrato, pidió formalmente a las autoridades municipales la suspensión inmediata de la obra. Argumenta que la alcaldía debe esperar a que el proceso legal concluya antes de continuar con la instalación.
Conclusión
La investigación de la DGCP y el litigio en el TSA mantienen en vilo el futuro del proyecto de alumbrado público en Santiago. Este caso refleja la importancia de garantizar procesos transparentes y justos en la adjudicación de contratos públicos, especialmente en obras clave para el desarrollo urbano y la seguridad ciudadana.
