Santo Domingo.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) falló a favor del abogado y dirigente cívico Surun Hernández en su demanda contra el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), que se negaba a proporcionar información pública sobre sus ingresos. Mediante la sentencia 0030-04-2025-SSEN-00518, emitida el 11 de agosto de 2025, el TSA ordenó a la alcaldía divulgar el monto total de los recursos recibidos, incluyendo fondos del Estado dominicano, arbitrios, multas, servicios municipales y alquileres de bienes municipales.
La decisión judicial exige al alcalde Dío Astacio transparentar el manejo de los fondos municipales, asegurando el derecho de los ciudadanos a conocer con detalle cómo se administran los recursos públicos, conforme a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública. Esta normativa establece que los datos financieros de las instituciones públicas deben ser accesibles para todos los munícipes, un principio que el ASDE ha incumplido reiteradamente.
Surun Hernández calificó de “vergonzosa” la necesidad de recurrir a un tribunal para obligar al ASDE a compartir información que debería ser pública por defecto. Advirtió que, de no cumplirse la sentencia, iniciará acciones penales contra Astacio por infringir el artículo 30 de la Ley 200-04, que prevé hasta dos años de prisión para funcionarios que obstruyan este derecho. Este fallo pone en evidencia la opacidad en la gestión de Santo Domingo Este, intensificando las demandas ciudadanas por una administración más abierta y responsable.
Hoy, 16 de septiembre de 2025, se aplazó para el 10 de octubre la querella presentada por el alcalde Astacio contra el periodista Fernando Buitrago, acusado de supuesta difamación e injuria. Sin embargo, Buitrago ha centrado su labor en denunciar la falta de transparencia del ASDE, incluyendo cobros ilegales de multas, retenciones arbitrarias de motocicletas con pagos exigidos a motoristas y aumentos abusivos en tarifas de servicios municipales, como los luctuosos.
Estas acusaciones refuerzan la percepción de opacidad en la alcaldía, cuestionando si la querella busca silenciar críticas legítimas en lugar de abordar las irregularidades señaladas.
