Washington, EE.UU. – El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este lunes el lanzamiento de un programa piloto que requerirá un depósito reembolsable de hasta 15,000 dólares a ciertos solicitantes de visas de turismo y negocios (categorías B-1/B-2) provenientes de países con altos índices de estadías prolongadas.
La medida, según lo publicado en el Registro Federal, tendrá una duración de 12 meses y busca frenar la creciente problemática de personas que ingresan legalmente al país pero no regresan antes de que expire su visa, lo que constituye una violación del estatus migratorio.
El documento oficial establece que “los funcionarios consulares podrían requerir a los solicitantes de visas de no inmigrantes que paguen una fianza de hasta US$15,000 como condición para la emisión del visado“, aunque aclara que el listado de los países afectados será publicado más adelante.
El programa contempla que el depósito, una vez que el visitante regrese a su país de origen dentro del período autorizado, sea reembolsado en su totalidad. La fianza promedio será de US$10,000, y se estima que cerca de 2,000 solicitantes estarán sujetos a este requisito durante el primer año del piloto.
Esta política forma parte de una serie de medidas impulsadas por la administración del expresidente Donald Trump, bajo el argumento de que más de 500,000 personas excedieron su estadía autorizada en el año fiscal 2023, según datos del gobierno estadounidense.
La nueva exigencia se suma a otras disposiciones incluidas en la llamada “gran y hermosa ley” de Trump, como la tarifa de integridad de visa, que impone un pago adicional de US$250 a todos los extranjeros que ingresan al país con visas de no inmigrante.
Adicionalmente, la ley establece que los solicitantes de asilo político deberán pagar una tarifa inicial de US$100 por la solicitud, y luego un cobro anual de US$100 adicionales mientras el proceso se mantenga pendiente de resolución, una medida sin precedentes.
Durante el año 2024, Estados Unidos emitió casi 11 millones de visas de no inmigrante, una cifra que muestra el alto volumen de visitantes temporales, entre turistas, empresarios y personas que viajan por razones médicas o familiares.
El Departamento de Estado asegura que estas medidas no buscan disuadir el turismo legítimo, sino garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias y mejorar los mecanismos de control sobre los visitantes que ingresan al país de forma temporal.
Organizaciones de derechos civiles y defensores de migrantes han cuestionado la medida, argumentando que puede representar una barrera económica injusta para personas de países en vías de desarrollo que cumplen con los requisitos y reglas de visado.
Sin embargo, desde el punto de vista de la Casa Blanca, este nuevo requisito funcionará como un incentivo para el cumplimiento, ya que quienes respeten su tiempo de estadía tendrán derecho a recuperar su dinero en su totalidad.
Aunque aún se desconoce cuáles países estarán incluidos en la lista, se anticipa que la selección estará basada en informes del Departamento de Seguridad Nacional que identifican las nacionalidades con mayor porcentaje de “overstays”.
El gobierno estadounidense explicó que evaluará los resultados del programa piloto al cabo del año para determinar si extiende la medida de forma permanente, la modifica o la cancela según su efectividad y viabilidad.
Con información de EFE
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