Por Rafael Díaz Filpo
Desde mi perspectiva, esta es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad jurídica en cualquier sociedad moderna. El debate sobre la estabilidad del orden jurídico y la aplicación uniforme de las normas cobra relevancia en medio de cambios legislativos y decisiones judiciales recientes, induciendo mayor preponderancia del precedente que se vuelve más interesante para evitar la incertidumbre legal y fortalecer el Estado de derecho.
La seguridad jurídica se basa en la estabilidad de las normas y en la infalibilidad de su aplicación. Es evidente que la existencia de precedentes claros permite que las decisiones judiciales se ajusten a una lógica predecible y fundamentada en principios establecidos, reduciendo la discrecionalidad y la arbitrariedad.
Los tribunales del país, y lo digo como ex juez del Constitucional, han venido desarrollando una jurisprudencia que refuerza la seguridad jurídica al establecer criterios de interpretación vinculantes. Un ejemplo claro es la sentencia TC/0360/17, en la que el Tribunal Constitucional reafirmó la importancia del derecho de defensa y el debido proceso al anular una decisión de la Suprema Corte de Justicia que había desconocido estos principios. Este tipo de decisiones consolidan el precedente como una garantía de estabilidad y previsibilidad en el sistema de justicia.
Es de amplio conocimiento que uno de los aspectos más relevantes del precedente constitucional es su impacto en la protección de los derechos fundamentales. En este país, los reclamos por garantías ciudadanas aumentan considerablemente, contar con una línea jurisprudencial clara sobre temas como libertad de expresión, derechos laborales y acceso a la justicia es esencial para la estabilidad política y social.
Debo destacar que, para acceder a este mecanismo, los ciudadanos pueden recurrir a la acción directa de inconstitucionalidad, la revisión de decisiones judiciales o la interpretación constitucional solicitada por los tribunales. Además, el fortalecimiento del acceso a la justicia y la capacitación de los operadores del derecho en el uso del precedente constitucional son elementales para garantizar su correcta aplicación y evitar interpretaciones contradictorias que puedan afectar la seguridad jurídica.
Este tema se desarrolla con mayor profundidad en mi libro “Control de Constitucionalidad en la República Dominicana”, donde analizo detalladamente la evolución del precedente constitucional y su impacto en la seguridad jurídica del país. Invito a los interesados a consultarlo GRATIS para una comprensión más amplia y fundamentada de esta temática esencial para nuestro sistema legal.
