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Numerosos dominicanos víctimas de criminales cibernéticos que se dedican a jaquear cuentas de reconocidas figuras en el exterior desde cárceles en la República Dominicana, especialmente La Victoria, pidieron a los directores de prisiones y la Policía Nacional (PN), coronel Roberto Hernández Basilio y Mayor General Edward Ramón Sánchez González, desmantelar de inmediato las bandas que operan desde las celdas de las prisiones para robar miles de dólares a dominicanos en la diáspora, que ahorran con mucho esfuerzo y sacrificios.

Altice

El doctor Yomare Polanco a quien le jaquearon las cuentas WhatsApp y Facebook el 31 de diciembre 2020, se sumó al pedido diciendo que ya es tiempo de que la diáspora dominicana tenga más consideración de los gobiernos dominicanos, de los cuales, muchos funcionarios, incluyendo policías y militares, acostumbran a ignorar situaciones que esta.

El publicista Roberto Mota, una de las víctimas del más reciente jaqueo a las cuentas WhatsApp y Facebook del doctor Yomare Polanco, quien fue sorprendido por los ladrones y depositó $1,500 dólares el 31 de diciembre 2020, dijo que a pesar de las denuncias, evidencias y estafados identificados en el exterior, las autoridades policiales, el director de prisiones, dependencia de  la Procuraduría General de la República, no han hecho nada para acabar con las estafas que se ejecutan desde las cárceles dominicanas, teniendo los ladrones como principal centro de operaciones a La Victoria en Villa Mella, Santo Domingo.

Mota, fue uno de los agregados en las cuentas de Polanco al que los jaqueadores le enviaron mensajes desde la cuenta del reconocido empresario, activista comunitario y nominado del PLD a diputado en ultramar en las elecciones del 5 de julio 2020, para solicitarle una “ayuda” económica sin darle más detalles.

El publicista dijo que vaciló al dudar de que se tratara de Polanco, pero finalmente cayó en la trampa y a través de una segunda persona envió el dinero por la popular aplicación bancaria Zelle.

Los jaqueadores aprovecharon que era 31 de diciembre cuando los bancos en Estados Unidos no estaban dando servicio a los clientes y las víctimas no tenían posibilidad de verificar con Polanco para cometer los robos.

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“Sabemos que la PN cuenta con una división de investigadores de delitos cibernéticos que muy bien podrían averiguar de dónde salen los jaqueos, arrestar y llevar a la justicia a los responsables”, añadió Mota.

Polanco, interpuso una denuncia en el Departamento de Policía de North Brunswick en New Jersey donde reside para que se abra una investigación.

El caso está en manos del detective Pormilli (#177) al número de la policía en North Brunswick, 1732-5453200 para denunciar los robos de los jaqueadores, quien está pidiendo a las víctimas en Estados Unidos comunicarse con él para sumarse a la lista de denunciantes.

Su denuncia está registrada con el número de incidente 21000071.

El número jaqueado de Polanco en ambas cuentas de WatsApp y Facebook es el (1732) 322-1170.

Además de Mota, otras víctimas enviaron a los ladrones $1,500, $600 y $500 desde Manhattan, Pensilvania y Nueva Jersey.

La dueña de un salón de belleza en la calle 207 en el Alto Manhattan y ocho otras mujeres, incluyendo varias empleadas fueron estafadas por los jaqueadores con cantidades similares, el 10 de diciembre 2020.

Aunque no ha sido estafado y se mantiene alerta, el dominicano Fabián Gutiérrez que trabaja en una tienda de celulares en el Alto Manhattan, dijo estar seguro de que podrían haber oficiales o funcionarios formando parte de las bandas de jaqueadores, porque ya había oído que operan desde La Victoria.

El año pasado, la presidenta del PLD en la regional de Nueva Inglaterra, Ana Gratereaux, sufrió también un jaqueo de su cuenta WhatsApp con la que estafaron a numerosas personas.

Ella hizo la denuncia formal en la República Dominicana y se le prometió investigar, pero al cierre de esta crónica no se sabía nada de la promesa.

Este reportero recibió mensajes desde la cuenta de Polanco el 31 de diciembre 2020 al comenzar la noche, una hora en la que los bancos están cerrados y los criminales aprovecharon para cometer los robos.

Se cree que las víctimas podrían llegar a docenas de estafados con millares de dólares.

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Otra modalidad de estafas a los dominicanos en el exterior y que también se hace desde la cárcel es ubicar números de teléfonos de envejecientes a los que llaman los ladrones, diciéndoles que sus nietos están presos o en hospitales por accidentes y tienen que enviarles dinero para resolver las situaciones.

Los abuelos y abuelas han caído en el gancho y han remesado millares de dólares, en otro esquema que abarca los principales estados del noreste de Estados Unidos, desde Washington, DC hasta Nueva Inglaterra.

En relación con ese tipo de estafa que también hacen desde Estados Unidos, fue arrestado a mediados de diciembre 2020 el dominicano Anthony Rosario Méndez, residente en El Bronx, y acusado por los fiscales de Brooklyn de hacerse pasar por “abogado” para estafar y robarles miles de dólares a numerosos ancianos en edades de entre 74 a 90 años, diciéndoles que pagaría las fianzas de los nietos de las víctimas que supuestamente estaban presos.

El fiscal del distrito de Brooklyn dijo en un comunicado que Rosario Méndez enfrenta 10 cargos por robo mayor de tercer grado, y uno cuenta cada uno de robo de cuarto grado, intento de tercer grado de robo mayor, y plan de primer grado para defraudar.

El acusado, según los fiscales pedía hasta $20 mil dólares a los ancianos que mandaba a buscar, diciéndoles que los nietos presos tenían pagar sus fianzas o de lo contrario, no saldrían de las cárceles.

Los peticionarios recordaron a los directores de prisiones y Policía Nacional, que los dominicanos en la diáspora, especialmente los radicados en Estados Unidos, luchan para sobrevivir en medio de la pandemia y les cuesta mucho esfuerzo ahorrarse unos dólares para sostenerse y enviar las remesas a sus familiares en la República Dominicana por lo que merecen respuestas rápidas y eficaces en casos como estos.

Advirtieron que, de no producirse acciones de ambos funcionarios, recurrirán públicamente al presidente de la república Luis Abinader y a la procuradora general de la república, para que ordenen las investigaciones correspondientes.

Por Miguel Cruz Tejada

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