Bartolo García
Santo Domingo, R.D. – Representantes del sector empresarial, turístico e inmobiliario han lanzado una voz de alerta ante lo que consideran una creciente paralización de proyectos clave debido a la falta de aplicación efectiva de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
Los empresarios advierten que la inseguridad jurídica generada por contradicciones internas en el gobierno está afectando directamente la ejecución de más de 70 proyectos en zonas estratégicas como Punta Cana, Miches, Samaná y el sur del país, áreas fundamentales para el crecimiento económico nacional.
Según manifestaron, esta situación ha provocado un estado de incertidumbre que compromete inversiones tanto nacionales como extranjeras, al tiempo que retrasa la generación de empleos y limita la expansión del sector turístico.
Un desarrollador turístico, que prefirió mantener el anonimato, señaló que el país se encuentra “al borde de un quiebre institucional”, ya que se dificulta atraer capital cuando las propias autoridades entorpecen los procesos con trabas legales.
El centro de la controversia gira en torno al artículo 24 de la Ley 368-22, el cual otorga competencias a distritos municipales con más de 15,000 habitantes para planificar su uso de suelo. No obstante, decisiones del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y otros órganos del gobierno central han ignorado dicha disposición, creando un vacío administrativo.
Esta interpretación contradictoria ha paralizado la emisión de permisos en las juntas municipales, afectando directamente el avance de múltiples proyectos habitacionales y turísticos que estaban en etapas avanzadas de aprobación.
Desde la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Este, un vocero denunció que se están vulnerando competencias municipales claramente establecidas por la ley, generando un caos institucional sin precedentes y poniendo en riesgo la confianza en el país como destino de inversión.
Los empresarios coinciden en que la inseguridad jurídica es uno de los mayores enemigos del crecimiento económico y que la situación actual podría derivar en pérdidas millonarias, desempleo y ralentización de sectores clave como el turismo y la construcción.
Advierten que sin una solución inmediata y sin la intervención directa del presidente Luis Abinader, la situación podría agravarse, poniendo en riesgo el posicionamiento del país como destino seguro para la inversión internacional.
Solicitan que se garantice el cumplimiento irrestricto de la Ley 368-22, permitiendo a las autoridades municipales ejercer sus funciones y devolviendo la coherencia al sistema de planificación territorial.
Además, demandan una postura clara y definitiva por parte del gobierno central que reafirme el respeto al marco legal y elimine las ambigüedades actuales que están sembrando el caos en la toma de decisiones administrativas.
“El respeto a la ley no debe ser negociable”, afirmó uno de los desarrolladores afectados. “La inversión privada requiere reglas claras, previsibles y estables, no decisiones contradictorias que frenan el desarrollo”.
En medio de este panorama, algunos empresarios han comenzado a reevaluar sus planes de expansión o reorientar sus inversiones hacia otros países, temiendo un deterioro en el clima de negocios de República Dominicana.
Los gremios implicados piden una mesa de diálogo urgente con el Poder Ejecutivo para abordar la problemática y construir una solución institucional, sin afectar los derechos adquiridos ni el desarrollo sostenible del territorio.
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