Hay un tema que me preocupa. Son esas voces soterradas que cuestionan la validez del 4% del PIB a la educación. No concibo una actitud, en la sociedad dominicana actual, más improcedente.
Las reivindicaciones logradas a través de las luchas de los pueblos son innegociables. Echar para atrás lo que el pueblo dominicano logró con arrojo y tesón puede ser catastrófico para la sociedad, el Estado y el gobierno mismo.
Es como si a los trabajadores del mundo, de repente, le dijeran que la jornada laboral volverá a ser como era antes, que el patrón decidirá el horario de trabajo. O que a las mujeres les dijeran que la lucha por el derecho al voto fue un error y que, de ahora en adelante, se dejará sin efecto. O que se les quite los derechos laborales — seguridad social, seguro médico, prestaciones al ser cancelados, etc. –, a los servidores públicos.
Sólo imaginar una decisión de esa magnitud resulta aterrador.
Con la transferencia del 4% del PIB a la educación, el Ministerio de Educación se transformó en uno de los organismos más poderoso del gobierno. En el año fiscal 2020 el presupuesto a la educación ascendió a más de 205 mil millones de pesos.
En el 2021, en el cambio, se prevé una contracción del PIB que, a su vez, reducirá la transferencia a educación a un monto aproximado de 194 mil millones de pesos. Es cierto que lo mucho hasta Dios lo ve. Pero también es verdad que la visión del ojo humano podría nublarse con tanto dinero disponible. Eso pudo pasar con el Ministerio de Educación. La fortuna rebosó la capacidad de gestión de la institución. Ese desfase provoca las dudas referidas y que son expresadas en las redes sociales.
Abrir un debate en ese sentido, representa un sinsentido. Un peligro para el avance de la educación – que tanta falta hace para el desarrollo– del pueblo dominicano. La clase política, tan proclive a la marrulla, podría encontrar en ella la excusa perfecta para echar atrás la disposición de la transferencia. Es sabido que los políticos saltapatrás siempre quieren impedir que el pueblo se eduque, porque una educación de calidad los manda al zafacón de la historia.
Por tanto, lo más sensato sería exigir que esos recursos se utilicen en la mejora de la calidad de la educación. Presionar para que se continúe la construcción de los centros educativos necesarios, sin dejar de invertir en los materiales didácticos y en la formación de educadores cada vez más actualizados, competentes y críticos.
Que el presupuesto esté enfocado, hoy día, en la construcción de centros escolares, para promover la corrupción, como afirman algunos, no es una excusa. Ahí, precisamente, es donde necesitamos un Ministerio Público independiente y una justicia dinámica, operativa y responsable.
Exigir que la Procuraduría General de la República procese a quienes manejan los recursos de la educción a su discreción y antojo sería un ejemplo saludable y sin precedentes. Esa y no otra debería ser la preocupación de los sectores activos y fuerzas vivas de la sociedad.
En esa misma tesitura, el Ministerio de Educación debe enfocarse en diseñar un sistema que incluya la participación del núcleo familiar. Para ello la institución cuenta con las sociedades de Padres y Amigos de la Escuela. Estas instancias nacieron cooptadas por el cuerpo de dirección y profesoral de las respectivas escuelas. Es tiempo de dejarlas actuar con libertad.
Con el debacle político, social y moral de la sociedad actual dominicana, sólo la educación nos salva.
Por Miguel Ángel Cid Cid
Miguel Ángel Cid
Twitter: @miguelcid1
