La Casa Blanca afirma que “el caso ya ha sido ganado en arbitraje” un día después de que Stormy Daniels denuncie al presidente para poder contar su historia
Antecedentes del caso
Tabla de contenido
Un abogado personal del presidente de Estados Unidos consiguió el pasado martes 27 que un juez dictara una orden temporal para prohibir a la actriz de cine porno Stromy Daniels contar públicamente detalles de la aventura sexual que según ella tuvo con Donald Trump. La historia se remonta a 2006, cuando según el relato de la actriz conoció a Donald Trump en un torneo de golf en el lago Tahoe y tuvieron un encuentro sexual. Trump llevaba un año casado con la actual primera dama y su hijo en común acababa de nacer. Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, contó la historia hace años.
La demanda de Stormy Daniels
En octubre de 2016, días antes de las elecciones, recibió un pago de 130.000 dólares a cambio de firmar un papel donde negaba que la relación hubiera ocurrido y se comprometía a no hablar de ello. El pago lo hizo el abogado personal de Trump, que también niega que ocurriera. Tras salir a la luz todos estos detalles en los últimos dos meses, Daniels ha decidido contar su historia, para lo cual tiene que buscar la manera de sortear el acuerdo firmado en su día. El martes, la actriz presentó una demanda en un juzgado de Los Ángeles solicitando la nulidad del acuerdo con el argumento de que el presidente nunca lo llegó a firmar.
La respuesta de la Casa Blanca
En la demanda, la actriz menciona que el abogado de Trump ha iniciado un proceso de arbitraje para reforzar el acuerdo de silencio. Este detalle se convirtió en una pieza principal del caso cuando la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo este miércoles a los periodistas que “el caso ya se ha ganado en arbitraje, no hay conocimiento de ningún pago por parte del presidente y él ha negado estas acusaciones”. Sanders remitió cualquier otra información a los abogados personales del presidente.
Conclusión
El contrato firmado en su día otorga al presidente el derecho a ser indemnizado hasta con un millón de dólares si Clifford rompe o amenaza con romper el acuerdo de confidencialidad. También le da derecho a pedir una orden cautelar de silencio mientras se dirime cualquier disputa relativa al contrato. El abogado de Clifford, citado por The New York Times, afirmó que no considera válido el laudo arbitral y que su clienta va a seguir adelante con su denuncia en los juzgados del condado de Los Ángeles.