La Secretaría de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional notificó la tarde de este miércoles al Ministerio Público la decisión del juez para que se ejecuten las medidas de coerción y el traslado del grupo vinculado a la red de corrupción administrativa que se investiga bajo el nombre de Operación Antipulpo.
El tribunal además notificó el dispositivo de la sentencia a los abogados, a fin de que quienes recibieron fianzas de RD$10 millones, puedan realizar sus diligencias de pago que permitan la salida de la prisión de los imputados.
De su lado, las autoridades del Nuevo Modelo Penitenciario están listas para ejecutar el traslado al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal y al de San Pedro de Macoris.
De acuerdo con la decisión del juez Alexis Medina Sánchez, principal imputado estará preso en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal, al igual que los coimputados Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, quienes, entre otros delitos, incurrieron en coalición de funcionarios desde sus pasadas funciones de director general y director de Fiscalización, respectivamente, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), según la acusación.
El exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Fernando A. Rosa Rosa, también tendrá que cumplir tres meses de prisión preventiva en el CCR San Cristóbal.
Julián Esteban Suriel Suazo, a quien se le ocupó un arsenal ilegal, así como José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda deberán guardar tres meses de prisión preventiva en la Cárcel Modelo de San Pedro de Macorís.
Mientras que la imputada Carmen Magalys Medina Sánchez y Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, deben cumplir tres meses de arresto domiciliario, con un brazalete en caso de ser posible, o bajo vigilancia del Ministerio Público.
Ambos tendrán que presentar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantendrán con impedimento de salida del país, precisa un comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR).
Respecto al coimputado Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor de la República, también deberá cumplir arresto domiciliario, con un impedimento de salida del país.
Mientras, el encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz quedará en libertad condicional, con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal adjunto que lleva la investigación de la Operación Anti Pulpo.
Vargas estableció que el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional sea el que tenga a su cargo el control de la fase preparatoria de juicio.
