Bartolo García
Santo Domingo, RD.– Un tribunal del Distrito Nacional impuso este lunes medidas de coerción contra Aquiles Jiménez, tras la querella interpuesta por la periodista Alicia Ortega y su esposo, el también comunicador Fernando Hasbún, por presunta difamación e injuria.
La decisión judicial ordena a Jiménez pagar una garantía económica de RD$1.5 millones a través de una compañía aseguradora, medida que busca asegurar su sometimiento al proceso en curso.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, también le impuso impedimento de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales.
La querella interpuesta por Ortega y Hasbún se suma a más de una docena de procesos judiciales que Aquiles Jiménez enfrenta en distintos tribunales por hechos similares vinculados a declaraciones consideradas difamatorias.
La medida de coerción responde a la preocupación de que Jiménez pueda evadir la justicia, tomando en cuenta su historial de conflictos legales y la gravedad de las acusaciones en su contra.
Los abogados de la parte querellante destacaron que la decisión constituye un paso firme hacia el respeto de la reputación y la dignidad, especialmente cuando se trata de figuras públicas que ejercen el periodismo con responsabilidad.
De su lado, representantes legales de Jiménez adelantaron que apelarán la medida, alegando que se trata de un exceso y que su cliente cuenta con el derecho constitucional de expresarse libremente.
El juez Peguero aclaró que la coerción no prejuzga sobre la culpabilidad del imputado, sino que tiene como finalidad garantizar su sometimiento al proceso judicial en curso.
El caso ha despertado amplio interés mediático, dado el perfil público de los involucrados y el impacto que este tipo de procesos tiene sobre el debate de los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor.
En audiencias previas, la parte querellante presentó pruebas documentales y audiovisuales que, según alegan, sustentan la comisión de delitos de difamación e injuria por parte de Jiménez.
Los querellantes solicitaron además una reparación económica proporcional al daño moral causado, en adición a la sanción penal que se derive del juicio de fondo.
El tribunal determinó que la próxima audiencia de seguimiento se celebrará en las próximas semanas, en la que se conocerán otros incidentes procesales relacionados con el caso.
Este proceso judicial se suma a una larga lista de disputas legales que enfrentan comunicadores y figuras públicas en República Dominicana, en un contexto donde el ejercicio de la palabra pública sigue siendo objeto de controversias jurídicas y sociales.
Con la medida impuesta, Aquiles Jiménez deberá cumplir las disposiciones judiciales mientras avanza la investigación, en un caso que podría sentar precedente en materia de difamación en el país.
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