Bartolo García
Santiago, República Dominicana. – Este domingo se cumplen tres años del fallecimiento de Luis Norberto Céspedes Vega, hijo del reconocido periodista Luis Céspedes Peña y de la señora María del Carmen Vega, un caso que continúa sin respuestas claras por parte de las autoridades judiciales.
El joven perdió la vida tras ser atropellado por el conductor de un camión mezclador de concreto, quien presuntamente huyó del lugar y nunca ha sido identificado, pese a que —según la familia— existen pruebas suficientes para establecer responsabilidades.
A tres años del hecho, los padres de la víctima denuncian que el proceso judicial no ha avanzado y que el culpable sigue sin enfrentar las consecuencias de sus actos.
Los presidentes del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Luis Pérez, y del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), Gabriel Cruz, anunciaron que solicitarán una reunión con la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para pedir el reinicio de la investigación.
Ambos dirigentes lamentaron que la Procuraduría Fiscal de Santiago y la Fiscalía de Tamboril suspendieran el proceso, dejando a la familia en una angustiosa espera.
El accidente ocurrió el 2 de noviembre de 2022, y tras varios días de lucha por sobrevivir, Luis Norberto falleció el 16 de noviembre del mismo año.
Los padres del joven celebrarán un encuentro religioso este domingo a las 3:30 de la tarde, en la residencia de su hija Leonida Céspedes Vega (Sandra), ubicada detrás de la Plaza Brito, en Gurabo.
Céspedes Peña, ex vicepresidente del CDP, aseguró que desde el principio pensaron que el caso se resolvería con rapidez, debido a la existencia de evidencias que apuntan al responsable.
Sin embargo, la falta de acciones legales ha generado frustración, dolor e indignación en sus allegados.
El periodista denunció que ni Centro de Repuestos Nacho, lugar donde ocurrió el hecho, ni la empresa propietaria del camión han ofrecido información que permita esclarecer lo sucedido.
También cuestionó que el conductor no se haya entregado y que, ante la falta de colaboración, se desconozca si se trató de un accidente o de un acto doloso.
Para él, el tiempo transcurrido obliga ya a considerar el caso como homicidio, debido a la evidente intención de ocultar la verdad.
Céspedes Peña recordó que esta situación no es aislada y se suma a otros hechos ocurridos en Santiago y en Tamboril que permanecen impunes.
Finalmente, advirtió que el Gobierno del presidente Luis Abinader debe intervenir para que estos casos se aclaren, pues la impunidad —además de profundizar el dolor de las familias— afecta la confianza pública en las instituciones del Estado.
