TikTok y su empresa matriz, ByteDance, han presentado una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos en respuesta a la reciente legislación que impone la venta o la prohibición de la plataforma en el país. Esta medida, promulgada por el presidente Joe Biden a fines de abril, establece un plazo de 12 meses para que ByteDance venda TikTok, fundamentando su decisión en preocupaciones sobre la seguridad nacional y la posibilidad de que el Gobierno chino pueda utilizar la aplicación para espiar a ciudadanos estadounidenses.
En su demanda, TikTok y ByteDance alegan que esta ley viola los derechos garantizados por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, argumentando que representa un ejercicio de poder gubernamental que carece de fundamentos claros y específicos en cuanto a la seguridad nacional. Consideran que la prohibición de TikTok constituye una medida evidentemente inconstitucional, y critican la falta de viabilidad tanto comercial, tecnológica como legal de una venta forzosa de la plataforma.
Además, señalan que los promotores de la ley han intentado presentarla no como una prohibición directa, sino como una regulación de la propiedad de TikTok. Sin embargo, sostienen que esta distinción es insuficiente y que la esencia de la medida sigue siendo una prohibición efectiva de la operación de TikTok en Estados Unidos.
En última instancia, TikTok y ByteDance argumentan que la prohibición de la plataforma no solo vulnera los derechos constitucionales de los usuarios, sino que también afecta negativamente la innovación tecnológica y el libre intercambio de ideas en la era digital. Por lo tanto, buscan impugnar la legalidad de la legislación y proteger su presencia en el mercado estadounidense.
