Tribunal Constitucional declara inconstitucional castigo a mensajes negativos en redes sociales
Santo Domingo, RD.- El Tribunal Constitucional (TC) resolvió este viernes que el numeral 6 del artículo 44 de la Ley de Partidos Políticos 33-18, que penalizaba la difusión de mensajes negativos en redes sociales, es inconstitucional. Esta decisión marca un hito en la regulación de la libertad de expresión en el ámbito político dominicano.
Prohibición de propaganda política en precampaña queda sin efecto
En la misma sentencia, el TC declaró también inconstitucional la prohibición de la propaganda política durante la precampaña electoral. Esto anula la resolución del Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) que suspendía las actividades proselitistas de los aspirantes a cargos públicos. La medida abre un nuevo escenario para los procesos electorales en República Dominicana.
Recurso presentado por abogados y comunicadores
El fallo se basó en el recurso presentado en septiembre de 2018 por el abogado Namphi Rodríguez y el comunicador Héctor Herrera Cabral. Ambos cuestionaron la constitucionalidad de las restricciones impuestas en la ley, defendiendo el derecho a la libre expresión durante los procesos políticos.
Detalles de la legislación cuestionada
La normativa contenía dos artículos que establecían que la “difusión de mensajes negativos a través de redes sociales que dañen la imagen de los candidatos será sancionada conforme a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre crímenes de alta tecnología”.
Estos artículos de la Ley 53-07 regulan la difamación e injuria por medios electrónicos, imponiendo sanciones que van desde tres meses hasta un año de prisión, además de multas que oscilan entre cinco y 500 salarios mínimos. Sin embargo, el TC concluyó que estas disposiciones vulneraban derechos fundamentales.
Impacto del fallo en la libertad de expresión y política dominicana
Con esta resolución, el Tribunal Constitucional reafirma la protección de la libertad de expresión en el contexto político, especialmente en plataformas digitales. Además, flexibiliza el marco legal para la propaganda electoral en la fase de precampaña, beneficiando a candidatos y partidos políticos.
Este fallo representa un avance significativo para la democracia y la participación ciudadana en la República Dominicana, al garantizar un entorno más abierto y plural para el debate político en redes sociales y medios digitales.
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