La iniciativa busca que los pagos sean proporcionales a la generación de desechos, excluye a las entidades sin fines de lucro y elimina el aporte fijo a los ayuntamientos
Bartolo García
Santo Domingo.– El senador Eduard Espíritusanto, vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo, sometió una propuesta de modificación a la Ley de Residuos Sólidos con el objetivo de sustituir el actual esquema uniforme de contribución por un sistema diferenciado, basado en la naturaleza de la actividad económica, el volumen de residuos generados y la capacidad contributiva.
La iniciativa legislativa plantea que las empresas y entidades paguen de forma proporcional a la cantidad de desechos que generan, buscando una tasa más justa, equitativa y razonable. Además, propone eliminar el cobro a las instituciones sin fines de lucro y también el aporte fijo especial destinado a los ayuntamientos.
En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, el proyecto argumenta que dicho pago contradice el artículo 50 de la Ley 122-05 sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, el cual establece la exención general de tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales de carácter nacional o municipal.
Asimismo, la propuesta incorpora a la CODOPYME como miembro del Consejo del Fideicomiso, otorgándole representación dentro de este órgano de administración del que anteriormente estaba excluida.
En cuanto al cálculo de la nueva tasa, las personas jurídicas con bajo volumen de residuos aportarían RD$3,000 si sus ingresos son de hasta un millón de pesos; RD$6,000 si registran entre RD$1,000,001 y RD$10,000,000; y un 0.25 % de la renta neta anual si superan esa cifra.
Para las actividades de volumen medio de residuos, los aportes serían de RD$5,000, RD$10,000 y un 0.40 % de la renta neta anual, según el mismo rango de ingresos. Mientras tanto, las empresas con alto volumen aportarían el 1 % de su renta neta anual, y las de volumen muy alto contribuirían con un 1.5 %.
Otro punto clave de la reforma es la eliminación del aporte fijo de veinte pesos por habitante destinado a los ayuntamientos, al considerar que representa una carga económica adicional para la población y contradice los principios de equidad, razonabilidad y capacidad contributiva.
El senador sostiene que ese mecanismo podría convertirse en una herramienta de influencia política sobre los gobiernos locales y carece de criterios técnicos claros que garanticen una distribución equitativa de los recursos. Por ello, la propuesta busca fortalecer la transparencia y asegurar una gestión más justa en el manejo de los fondos públicos relacionados con residuos sólidos.
