Un clima de total incertidumbre se cierne sobre Haití, que contiene la respiración este 7 de febrero, fecha en la que finaliza el mandato del primer ministro Ariel Henry, según un acuerdo firmado en diciembre de 2022 con representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y miembros del sector privado.
En las últimas jornadas se han intensificado las manifestaciones antigubernamentales y los llamamientos a la dimisión de Henry, en un contexto marcado por el cierre de escuelas y la reanudación de conflictos armados entre bandas que provocan la huida de miles de personas de sus hogares.
El acuerdo político ‘Consenso Nacional para una Transición Inclusiva y unas Elecciones Transparentes’, que estipula que Henry seguiría siendo primer ministro hasta el 7 de febrero de 2024, se firmó bajo los auspicios de la comunidad internacional.
El texto recoge, entre otras disposiciones, la creación de un Alto Consejo para la Transición (HCT) y un Órgano de Supervisión de la Acción Gubernamental (OCAG), así como un periodo de transición de 14 meses que incluiría la celebración de elecciones generales en 2023.
Según el acuerdo, “el primer ministro y los ministros no podrán participar en las próximas elecciones y el mandato del HCT continuará hasta el final del primer año del mandato del primer Gobierno haitiano posreforma”.
Treinta meses sin resultados
Aparte de la creación del HCT, durante el Gobierno de Henry no se ha cumplido ninguno de los objetivos y promesas formulados y están lejos de darse las condiciones para la celebración de elecciones, bajo los auspicios de una nueva constitución y un nuevo consejo electoral.
Así pues, el 7 de febrero debería marcar la salida de Henry, creando un vacío institucional en un país que no tiene representantes electos desde hace años, debido a la incapacidad de organizar votaciones a tiempo para renovar los mandatos de los representantes electos que han expirado, en un contexto de agravamiento de la crisis social, política y económica.
En las últimas semanas se han reanudado las peticiones de dimisión de Henry por parte de sectores y partidos opositores, así como la intensificación de las protestas antigubernamentales en todo el país exigiendo su salida incondicional.
Escuelas cerradas
Más de mil escuelas están cerradas en Haití a causa del terror de las bandas, según una encuesta de la Coalición de Jóvenes Haitianos, lo que afecta sobre todo a los departamentos de Artibonite y Ouest, los más poblados del país y asolados por la violencia de las bandas y la inseguridad, sin que las autoridades sean capaces de ponerles fin.
Los padres se niegan a correr el riesgo de enviar a sus hijos al colegio para que no se conviertan en víctimas, después del asesinato de alumnos.
Cientos de niños han abandonado la escuela o han perdido años de escolarización al verse también obligados a abandonar sus hogares varias veces durante el año para huir de la guerra de bandas.
Desde al menos 2018, los escolares haitianos han perdido decenas de horas de clase, lo que ha repercutido en su rendimiento académico y su formación y convierte a la educación en uno de los sectores más afectados por la inseguridad.
La ‘revolución’ de Guy Philippe
En este contexto de creciente tensión contra el Gobierno, ha entrado en escena el exsenador y antiguo líder rebelde Guy Philippe, que ha jurado lo que él llama una ‘revolución’ para cambiar las cosas en Haití, aunque descarta una ‘revolución armada’.
Cuenta con el apoyo y el respaldo de cientos de agentes de la Brigada de Seguridad de las Zonas Protegidas (BSAP), una nueva entidad armada sobre la que las autoridades han perdido completamente el control.
A pesar de que el Gobierno les ha prohibido llevar armas y uniformes e incluso moverse por la ciudad, siguen haciéndolo libremente, armados y uniformados por varias grandes poblaciones de provincia, rebelándose contra las autoridades.
Además de esta amenaza, resurge la de las bandas, con un aumento de sus ataques armados contra la población civil.
Más de una decena de personas masacradas, una nueva cárcel civil y miles de desplazados son el saldo parcial de un ataque reciente del grupo Mawozo, de 400 miembros, en conflicto con la banda armada dirigida por Innocent Vithelhomme.
La lucha entre pandillas por el control del territorio ha obligado a abandonar los hogares y al menos 300,000 desplazados viven en campamentos en condiciones inhumanas, sin servicios básicos como agua y electricidad.
Personas que viven en escuelas, mientras que otras se refugian en ciudades de provincias huyendo del terror de las bandas en el área metropolitana de Puerto Príncipe que tienen como rehenes al 80 % de la población.
