Bartolo García
Santo Domingo, RD. – El Senado de la República convirtió este miércoles en ley el nuevo Código Penal de la República Dominicana, una pieza largamente debatida que deroga la normativa vigente desde hace 141 años. La iniciativa, que consta de 393 artículos, fue aprobada con 26 votos a favor y uno en contra, y ahora queda en manos del presidente Luis Abinader, quien podrá promulgarla u observarla.
La votación se realizó en una sesión en la que los senadores se limitaron a acoger las más de 160 observaciones introducidas por los diputados en su más reciente sesión maratónica de 16 horas. Ante la premura del cierre de la legislatura extraordinaria, los senadores optaron por no hacer nuevos ajustes al texto aprobado por la Cámara Baja.
El único voto en contra fue del senador Antonio Taveras, representante de la provincia Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien expresó su desacuerdo con los cambios realizados por los diputados sin previa socialización con el Senado. Taveras propuso trabajar una nueva versión bajo consenso multisectorial nacional, más moderno e inclusivo.
Ricardo de los Santos, presidente del Senado, reconoció el esfuerzo y el compromiso de los congresistas de ambas cámaras para lograr finalmente la aprobación de la ley. Recordó que el país llevaba más de dos décadas intentando reformar el Código Penal y que la pieza podrá seguir perfeccionándose durante el vacatio legis de un año antes de su entrada en vigencia.
Por su parte, Franklin Romero, senador del PRM por la provincia Duarte, adelantó que presentará otras modificaciones antes de que entre en vigor, asegurando que las diferencias entre sectores apenas alcanzan el 9 %. Subrayó que, pese a las discrepancias, se ha logrado un consenso importante.
El Código Penal aprobado introduce importantes modificaciones, como la tipificación de nuevos delitos y el endurecimiento de penas para crímenes ya existentes. Se mantuvo penalizado el aborto, lo que generó reacciones divididas tanto en el Congreso como en la sociedad civil, especialmente entre grupos feministas y organizaciones religiosas.
En esta última etapa legislativa, los diputados aprobaron más de 160 enmiendas adicionales, sumándose a las 140 realizadas previamente por el Senado. El proceso legislativo ha sido objeto de múltiples revisiones desde hace varios años, reflejando la complejidad del tema y la diversidad de intereses involucrados.
La nueva legislación fue finalmente denominada como Ley Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, con el número de iniciativa 00437. Su promulgación marcará un hito jurídico e histórico, al reemplazar un código de inspiración napoleónica que había quedado desfasado frente a la realidad del país.
El presidente Abinader deberá decidir en los próximos días si promulga la ley tal como fue aprobada o si decide observarla, es decir, devolverla con recomendaciones. Esta decisión será clave para el futuro inmediato del sistema judicial dominicano.
Diversos sectores sociales han manifestado su expectativa en torno a la nueva ley. Algunos consideran que representa un avance necesario en materia de justicia penal, mientras que otros sostienen que aún quedan deudas importantes, como la inclusión de causales para la interrupción del embarazo.
La aprobación del nuevo Código Penal representa un paso trascendental para la institucionalidad del país, según los senadores oficialistas, quienes afirmaron que la normativa permitirá combatir con mayor eficacia los delitos modernos, incluyendo el crimen organizado, la corrupción administrativa y la violencia de género.
Desde la sociedad civil y gremios jurídicos se espera un análisis detallado del contenido final aprobado, ya que algunas modificaciones realizadas por los diputados no fueron suficientemente discutidas en público. Esto ha llevado a algunos juristas a solicitar mayor transparencia en el proceso de redacción final.
El artículo transitorio que establece el vacatio legis de un año fue valorado como positivo por distintos legisladores, ya que brindará tiempo suficiente para preparar al sistema judicial, capacitar a los actores involucrados y corregir posibles deficiencias técnicas en la nueva normativa.
Con este paso, la República Dominicana se encamina a renovar uno de los pilares fundamentales de su marco legal, en una decisión que impactará la administración de justicia por generaciones. El debate, sin embargo, seguirá abierto mientras el país se prepara para su implementación efectiva.
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