Por Pavel De Camps Vargas
En un mundo donde los algoritmos redactan discursos, moderan contenidos, influyen elecciones y hasta corrigen presidentes, una pregunta que parecía sacada de la ciencia ficción está hoy en el centro de los tribunales, los parlamentos y las redes sociales: ¿la inteligencia artificial tiene derecho a la libertad de expresión?
La pregunta no es solo legal. Es filosófica, tecnológica y, sobre todo, política. ¿Una máquina que genera texto sin conciencia, ni emociones, ni voluntad puede ser protegida como si fuera un ciudadano? ¿O estamos cayendo en una trampa: la de confundir el eco con la voz, el algoritmo con el alma?
El caso que encendió la chispa
A inicios de este año, un juez federal de Estados Unidos se enfrentó a un argumento insólito: una empresa de IA aseguraba que censurar el contenido de su chatbot violaba la Primera Enmienda. Según ellos, el sistema tenía derecho a expresarse. El juez respondió con una sentencia que resuena como un golpe de realidad en tiempos virtuales: “La IA no es una persona. No tiene alma, ni voz, ni derechos constitucionales.”
Pero el verdadero terremoto no es la respuesta. Es la pregunta. Porque por primera vez, los sistemas que hablan sin pensar, que responden sin sentir y que opinan sin comprender, están moldeando el discurso público. Y nadie —ni siquiera la ley— sabe exactamente qué hacer con ellos.
¿Qué es “libertad de expresión” en la era algorítmica?
Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta las constituciones más modernas, la libertad de expresión es un derecho exclusivamente humano. Pero en la práctica, la tecnología ha reconfigurado los límites. Hoy, empresas como Google y Meta defienden que sus algoritmos tienen el derecho de “expresión editorial”. En el caso Zhang v. Baidu (2014), un tribunal reconoció que excluir resultados políticos era también una forma de hablar.
Entonces, si una corporación puede expresarse mediante su código, ¿por qué no podría hacerlo un modelo de IA? Algunos juristas, como el profesor Eugene Volokh de UCLA, aseguran que aunque la IA no tenga derechos propios, su contenido podría estar protegido por los derechos de los programadores y los usuarios. En otras palabras, lo que diga la IA no es de ella… pero sí podría estar cubierto por nuestra libertad de decirlo, pedirlo o recibirlo.
Europa y América Latina: líneas rojas claras
Mientras en EE. UU. el debate se expande, en Europa y América Latina la postura es más tajante: las máquinas no tienen derechos. El Parlamento Europeo lo dejó claro en 2020 al rechazar otorgar “personalidad electrónica” a las IA. En América Latina, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que la libertad de expresión es para “toda persona”, y ningún tribunal ha planteado lo contrario.
Pero esta claridad jurídica no resuelve el terremoto cultural y tecnológico que vivimos. Porque las máquinas no solo hablan: influyen, viralizan, seducen, atacan, manipulan… Y muchas veces moldean la opinión pública con más eficacia que un periodista, un político o un profesor.
Filosofía sin ficción: ¿una máquina puede tener derechos?
Desde la filosofía, la respuesta es brutal: NO. Los derechos fundamentales —como la libertad de expresión— se fundamentan en la dignidad, la conciencia, la intención y la responsabilidad. Y ninguna IA posee esas cualidades.
Una IA no entiende lo que dice. No desea. No sufre. Calcula. Compararla con un ser humano sería un acto de ilusión antropocéntrica, peligrosamente ingenuo. Como dice la experta en ética de la IA, Francesca Rossi: “Una grabadora repite lo que le dicen. Un loro también. Y ninguno necesita libertad de expresión para hacerlo. Lo mismo pasa con los chatbots: no expresan, ejecutan.”
¿Quién es responsable cuando la IA habla?
Aquí el dilema se vuelve urgente. Si una IA difama, desinforma o incita al odio, ¿quién paga la cuenta? ¿La máquina? ¿El usuario? ¿La empresa que la creó? Por ahora, la justicia responsabiliza a los humanos detrás del algoritmo.
Pero esa misma lógica plantea una paradoja: si se censura el contenido generado por IA, ¿no se está también limitando la libertad de sus usuarios y creadores humanos? ¿Qué pasa con el escritor que usa IA para crear, con el activista que la usa para denunciar o con el ciudadano que la usa para entender?
¿Hasta dónde llega la mordaza algorítmica… y dónde empieza la autocensura social disfrazada de regulación?
El caso dominicano: ¿una trampa perfecta?
En la República Dominicana, el debate ha tomado un giro explosivo. Un supuesto video generado por inteligencia artificial que muestra una relación íntima entre las figuras públicas Faride Raful y Milagros Germán. El supuesto contenido, divulgado por la comunicadora Ingrid Jorge, ha desatado un escándalo que mezcla morbo, política y tecnología.
Pero lo más grave podría no ser el video en sí, sino la estrategia detrás. Mientras el país discute sobre lo real y lo falso, sobre IA y privacidad, otros actores políticos aprovechan el momento para impulsar la aprobación de la polémica “Ley Mordaza” —el Proyecto de Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales.
¿Estamos ante una cortina de humo digital? ¿Se está usando el escándalo para justificar una legislación que podría restringir la opiniones o la expresión ciudadana, el trabajo periodístico independiente y el disenso democrático? ¿Estamos protegiendo a la sociedad o silenciándola con la excusa perfecta?
La pregunta no es sólo jurídica. Es moral. Es política. Y es urgente.
Libertad, sí… pero de los humanos
La IA no tiene derechos. No tiene voz legal ni conciencia moral. Pero lo que hace con nuestras palabras y nuestros datos puede cambiar el rumbo de nuestras democracias.
La verdadera batalla no es si la máquina puede hablar. La verdadera batalla es si nosotros podremos seguir hablando libremente, incluso cuando usamos a la máquina como herramienta, aliada o espejo.
En un mundo donde los algoritmos escriben titulares, manipulan emociones y crean escándalos, el silencio no será opcional. Será impuesto o será conquistado.
Y esa decisión, todavía, es humana.
