La investigación de la que está siendo objeto el exministro de Haciendas Donald Guerrero por parte del Ministerio Público es por la denuncia del supuesto pago irregular por 21 mil millones de pesos a contratistas durante en la última etapa del gobierno que encabezó Danilo Medina, según revela una nota remitida por la Procuraduría General de la República.
El comunicado de prensa señala que entre los pagos investigados incluyen los 11 mil millones de pesos para el pago de hormigón asfáltico caliente contratados por el entonces ministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana Gonzalo Castillo.
Señala que la investigación es dirigida por la propia procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y que también ha sido citado para ser interrogado el exadministrador del Banco de Reservas Simón Lizardo Mézquita.
La nota del ministerio público hace saber que Germán Brito encabezó el interrogatorio practicado el lunes contra Donald Guerrero y que la investigación versa sobre irregularidad en su declaración jurada de patrimonio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos públicos y lavados de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa.
Junto con Miriam Germán estuvieron los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quienes interrogaron a Guerrero Ortiz la semana pasada.
El exministro de Hacienda quedó citado para el miércoles.
Para esta semana, la Dirección de Persecución y la Pepca tienen programado seguir interrogando a varios funcionarios de la Cámara de Cuentas.
También será interrogado Juan Carlos Ventura, investigado en el caso de corrupción contra su exesposa Kinsberly Taveras Duarte, exministra de la Juventud.
La Dirección de Persecución y la Pepca ya presentaron, bajo la dirección de los procuradores adjuntos Reynoso y Camacho, imputaciones de corrupción administrativa en el Caso Pulpo y se aprestan a ahondar en el expediente sobre malvesación de fondos públicos en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), conectado con el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras.
