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Por JUAN T H

Altice

Sigo creyendo en la honestidad de la magistrada Mirian Germán, en su capacidad como jurista con una experiencia que supera los 40 años en los distintos estamentos de la justicia hasta llegar a los más altos como la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, los procesos judiciales en contra de los funcionarios corruptos de los pasados gobiernos van lentos, muy lentos. Al paso que van, terminara el cuatrienio del presidente Luis Abinader sin que hayan terminado condenando a los culpables.

La responsabilidad no es exactamente de ella, es de un aparato, de una estructura infuncional, con un diseño hecho justamente para evitar que se haya justicia, que los procesos se dilaten durante meses y años hasta caer en lo que llaman “limbo jurídico”.

El tiempo avanza, el gobierno tiene casi seis meses y aún no hay un solo preso definitivo. Y hay muchos casos en carpeta esperando la acción judicial. El interés de las partes es la que mueve la acción, suelen decir con razón los abogados. El presidente Abinader ha declarado en varias ocasiones que todo el que cometió actos de corrupción pagará por ello y que sus bienes les serán incautados.

Recuperar lo robado al pueblo forma parte de su promesa de campaña. El pueblo quiere ver presos a los corruptos. Tolerancia cero frente a ellos. Pero el sistema judicial no parece está a favor de la justicia, al contrario, se convierte en un aliado de los delincuentes de cuello blanco que rara vez terminan en la cárcel por mucho tiempo. Las cárceles dominicanas están repletas de pobres, no de políticos ladrones que tienen a su favor periodistas, abogados, fiscales, jueces, y el sistema mismo.

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Una buena parte de los fiscales tienen compromisos políticos con el Partido de la Liberación Dominicana que los formó profesionalmente y los mantuvo en sus puestos durante 16 años. Eso no ha sido cambiado; esa estructura peledeísta se mantiene intacta. Puede ocurrir lo mismo que durante el gobierno de Hipólito Mejía que llevó a los tribunales, incluso a la cárcel a un grupo de exfuncionarios, pero en poco tiempo lograron su libertad. Hay que desarticular ese entramado judicial que impide que la justicia llegue hasta los desfalcadores del Estado.

Si el ministerio público, que el presidente considera “independiente” no agiliza los procesos es probable que los corruptos se salgan con las suyas. Sé que la magistrada Germán y el equipo que la acompañan quiere investigar bien, elaborar expedientes infalibles para que los jueces no tengan otra alternativa que condenar a los imputados, pero deben darse prisa, el pueblo se impacienta con los días.

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Algunos dirigentes del PLD, millonarios a terror, están temerosos de que los llamen desde la Procuraduría, le dicten medidas de coerción y los encierren. Quieren evitar la degradación moral y social. Ante la desesperación que los embarga, se están reuniendo y tramando acciones desestabilizadoras. Los organismos de seguridad del Estado saben de los planes y proyectos para evitar que la justicia los alcance. En algunas reuniones han diseñado acciones callejeras en barrios de la capital y del interior distribuyendo

dinero entre los “tigueres” para movilizaciones, quema de neumáticos, bombas caceras, etc., reclamando rebaja de los combustibles, del costo de la vida, aumento de salarios, etc., para justificarse. Quieren valerse también narcotráfico y el microtráfico para sus fines macabros en contra de la institucionalidad democrática. Quieren generar ingobernabilidad propiciando actos violentos en los sectores populares de todo el país, en la universidad autónoma, entre otros.

A la sedición no se le puede temer, ni al chantaje. El gobierno tiene que actuar en contra de la corrupción y de los corruptos, caiga quien caiga, sea un pulpo, tiburón, ballena o cocodrilo. ¡Es presos que el pueblo los quiere!

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