Por Cornelio Batista
La Vega, RD. – En un momento crítico para la defensa de los derechos de los campesinos y la preservación de nuestro patrimonio rural, diversas organizaciones comunitarias alzan su voz en un apremiante llamado al presidente Luis Abinader para que tome medidas decisivas y evite desalojos y “despojos” de tierras ancestrales en las comunidades adyacentes a las presas de Tavera, Bao y el contraembalse Lopez-Angostura. Estos preciados cuerpos de agua se encuentran enclavados entre el distrito municipal Tavera y Sabana Iglesia, pertenecientes a las provincias de La Vega y Santiago, respectivamente.
La solicitud al mandatario surge ante la preocupante situación que enfrentan las comunidades circundantes a la Presa de Tavera, donde generaciones han florecido en armonía con la naturaleza. Estos valientes campesinos ahora ven amenazados sus derechos legítimos por la injusta aplicación del decreto 571-09, promulgado en el 2009 durante la presidencia de Leonel Fernández. Bajo la pretensión de una franja de protección de 250 metros alrededor del vaso de las presas del país, se ha desencadenado un conflicto legal, social y medioambiental entre el campesinado y las autoridades locales.
Miembros del Departamento de Acción de Tierras de la Empresa de Generación Hidroeléctrica (EGEHID), liderados por la abogada Rita Elena Marte, y funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente han sido acusados de intentar desalojar y despojar ilegalmente a los campesinos de sus terrenos primigenios. Estas maniobras dilatorias obstaculizan el proceso de titulación de terrenos privados pertenecientes a familias asentadas en estas tierras desde tiempos inmemoriales.
Denunciamos enérgicamente esta situación y resaltamos que el decreto 571-09 contradice el artículo 129 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual establece una franja de protección obligatoria de treinta (30) metros alrededor de corrientes fluviales y cuerpos de agua, incluyendo las presas. El Comité Prodesarrollo del Distrito Tavera, liderado por el profesor Rufino Jiménez, favorece la revisión del decreto para evitar que su aplicación incorrecta afecte injustamente los derechos de los campesinos.
Más de 200 campesinos residentes en los alrededores de las presas de Tavera y Bao se ven afectados por esta situación, generando incertidumbre y temor en la comunidad. Los líderes campesinos de Tavera se niegan a ser catalogados como invasores y exigen el respeto a sus derechos legítimos sobre sus tierras ancestrales privadas. La protección de los derechos de las comunidades rurales y el patrimonio rural son fundamentales para preservar la identidad y la riqueza cultural de nuestro amado país.
Las comunidades afectadas, entre ellas La Cabra, El Jobo, La Jina, Conuco Viejo, La Presa, El Caimito, Yaque Abajo, Los Camarones, Guanajuma, barrio El Polvazo, y otras, están unidas en esta lucha por la justicia y la preservación cultural y medioambiental. Contamos con el apoyo decidido de organizaciones destacadas como la Junta de Vecinos de La Presa, la Asociación de Boteros Unidos Presa de Tavera-Yaque Abajo, la Junta de Vecinos Preservando Nuestro Hogar, y otras que se suman a esta noble causa.
Hacemos un llamado urgente y respetuoso al presidente Abinader para que tome acciones contundentes y enmiende esta injusta situación. Con su liderazgo, podemos garantizar un futuro donde la armonía entre la naturaleza y las comunidades sea la base de un desarrollo sostenible y próspero para todos.
