Bartolo García
Santiago de los Caballeros.– La Policía Nacional informó que amplió las investigaciones internas para determinar posibles responsabilidades disciplinarias en torno a la actuación de varios agentes durante la persecución que terminó con la muerte del chofer David Carlos Abreu Quesada, agredido por una turba de motoconchistas.
Según las indagatorias preliminares y el análisis de los videos difundidos en redes sociales, el hecho se originó cuando el conductor fue perseguido por distintas vías de la ciudad por un grupo de motociclistas, quienes posteriormente lograron interceptarlo y atacarlo violentamente.
Las imágenes muestran que, en medio de la persecución, Abreu Quesada se detuvo por unos segundos cerca de un destacamento policial, aparentemente con la intención de pedir ayuda, aunque luego continuó la marcha sin recibir asistencia inmediata.
Posteriormente, el chofer ingresó con el camión recolector de desechos sólidos al área de parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde fue alcanzado por los agresores, quienes le ocasionaron heridas de arma blanca que posteriormente le provocaron la muerte.
De acuerdo con los reportes oficiales, un agente policial adscrito al área judicial realizó dos disparos disuasivos con el objetivo de evitar un linchamiento mayor en el lugar, aunque para ese momento la víctima ya había sido herida de gravedad.
La institución explicó que toda la actuación del personal policial, desde el inicio de la persecución hasta la intervención final, está siendo evaluada de manera integral conforme a los protocolos operativos y disciplinarios vigentes.
Los organismos de control interno han intensificado las pesquisas para establecer si existió omisión, negligencia o cualquier otra conducta que pudiera comprometer la responsabilidad de algún miembro de la uniformada, bajo estricto apego a la ley.
Por este caso, ocho motoconchistas han sido apresados y puestos a disposición del Ministerio Público como presuntos responsables de la agresión. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos ciudadanos, asegurando que no tolerará acciones contrarias a los principios institucionales.
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