La sociedad dominicana está hastiada de corrupción e impunidad. Por eso marchó durante dos años, por eso votó en el 2020 y por eso ha puesto sus ojos en el trabajo del Ministerio Público y en los tribunales para dar seguimiento a lo que pasa en esas instancias.
A pesar del esfuerzo colectivo, todas las sentencias dadas a conocer en los últimos meses han sembrado un profundo desconcierto y el temor de que la impunidad siga imponiéndose en el país. Casos que ocurrieron frente a los ojos de la nación y del mundo, algunos que ocuparon investigaciones internacionales y que recibieron condenas en varios países; otros cuyas pruebas fueron de público conocimiento, que se apoyaron en sólidas investigaciones del periodismo nacional y que estremecieron la conciencia ciudadana, ahora resulta que los tribunales dominicanos no encuentran culpables, unos pocos con leves condenas y la mayoría absueltos, quedando en el misterio quienes cometieron los hechos.
Los casos a los que nos referimos son, el de ODEBRECHT, el de los aviones tucanos, el del barrio Los Tres Brazos y, recientemente, el caso de la OMSA. En los dos primeros, las empresas confesaron haber pagado sobornos y se les impuso multas. Los escándalos producidos por los negocios de ODEBRECHT tienen decenas de personas presas en el continente, mientras en República Dominicana, donde operó el centro de los sobornos y, según confesión, se entregaron más de 92 millones de dólares para obtener contratos, solo dos fueron condenados. En el de los tucanos, se comprobó y se recibió multa por el soborno, pero en los tribunales dominicanos, las personas que los recibieron quedaron en el anonimato y protegidos por el manto de la impunidad.
En el caso Los Tres Brazos, barrio que estaba siendo vendido por una empresa privada a sus propios habitantes, tampoco se encontró culpables. Recientemente, en el de la OMSA, solo se condenó, con calificación de homicidio, al ejecutor del horrible asesinato del abogado Junior Ramírez; nadie fue cómplice de una muerte originada en denuncias de corrupción. Tampoco pudo el tribunal sancionar a los responsables del entramado de corrupción que, de acuerdo a múltiples pruebas presentadas públicamente, operaba en la OMSA. En la parte dispositiva y en los comentarios de las juezas, se admite que hubo corrupción, pero condena, únicamente al gerente financiero, Faustino Rosario Díaz, a la pírrica pena de un año, por un cargo menor de concusión. Los demás involucrados fueron absueltos.
Las penas tan benignas y las declaraciones de inocencia que han sorprendido al país en los últimos meses, evidencian lo difícil que es sancionar la corrupción en la República Dominicana y muestran que hay mucho trabajo por hacer y mucha voluntad que aportar si se desea poner fin a la impunidad que sentó sus bases durante décadas en todas las instituciones llamadas a prevenir y sancionar la corrupción.
Los casos mencionados tienen en común haber sido investigados y preparados los expedientes durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, caracterizada por el reinado de la impunidad.
Participación Ciudadana siempre ha abogado por el respeto y la mejoría de las leyes, el debido proceso y la justicia para todos, pero no podemos ocultar nuestra frustración al ver que, luego de años de espera, de procesos excesivamente lentos y accidentados, el Estado y el pueblo dominicanos sean sorprendidos con una respuesta del sistema de justicia que claramente se orientan al mantenimiento de la impunidad, a favor de quienes cometen enriquecimiento ilícito con el dinero público.
Hemos abogado por un Ministerio Público y una justicia independiente. En su momento, hemos denunciado la repartición política de las posiciones judiciales, siempre a favor del partido en el poder, pero también con participación de la oposición. El temor que crece en la ciudadanía es que los esfuerzos que en este momento se realizan por parte de un Ministerio Público independiente, sean echados al zafacón por jueces complacientes, comprometidos o excesivamente inclinados hacia figuras del poder, protegidos por legiones de abogados, muchos o algunos de los cuales son pagados con los recursos sustraídos.
El sistema de justicia es un todo que incluye a jueces y fiscales. La ciudadanía no hace diferencia si la impunidad se impone por culpa de una investigación mal hecha por los fiscales, o por una sentencia equivocada o corrupta de los jueces. La credibilidad de la justicia descansa en todos sus actores y está ampliamente demostrado que tiene gran influencia en el crecimiento de los niveles de delincuencia, corrupción y violencia. Incluso es un elemento primordial en la cohesión social y en la visión que se crean las nuevas generaciones sobre sus esperanzas de vivir y progresar en una sociedad donde la justicia no funciona.
Participación Ciudadana alerta frente a los evidentes indicadores de que se pretende frustrar los esfuerzos anticorrupción que se desarrollan con amplio apoyo popular. Esta embestida tiene varios frentes, las sentencias en los tribunales son solo uno, sin dejar de mencionar la lentitud y hasta paralización en el conocimiento de los casos, como el Anti pulpo que, habiendo presentado acusación hace nueve meses, aún no ha iniciado la audiencia preliminar. A este preocupante panorama se agregan los ataques a todos los organismos públicos encargados de la prevención y persecución de la corrupción, como lo son el Ministerio Público, la Contraloría General, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. No queremos que ningún inocente sea condenado, pero tampoco que ningún culpable sea absuelto. El Ministerio Público y la judicatura están llamados a jugar el rol histórico que les toca en momentos en que el país ha depositado sus esperanzas en una justicia independiente, transparente y bien administrada.
Que el rigor de la ley caiga sobre todos por igual, sin consideraciones especiales para quienes, prevaliéndose del poder o influencias, hayan sustraído el dinero público.
