Participación Ciudadana está de acuerdo con aquellos que consideran necesaria una reforma fiscal integral, pero entiende que el Gobierno no ha hecho todo el esfuerzo necesario para mejorar la calidad del gasto antes de embarcarse en aprobar nuevos impuestos.
Se nos vendió la reforma enfatizando su integralidad, que apuntaba no solo al aumento de los impuestos, sino además y sobre todo a mejorar la calidad del gasto, y hacer esto último en forma prioritaria para reducir el impacto del aumento en los impuestos.
El plan sobre la reforma estaba tan claro que el Gobierno tomó algunas medidas para reducir el gasto público, fusionando algunos ministerios y entidades públicas y tomando algunas medidas dentro de un plan de austeridad, antes de someter su proyecto de reforma fiscal, pero es obvio que las medidas relacionadas con el gasto son insuficientes y restan legitimidad a los esfuerzos por mejorar los ingresos del Estado a través del aumento de los impuestos.
Nadie duda de la necesidad de aumentar los ingresos del Estado, no solo para reducir el déficit que tenemos en nuestro presupuesto año tras año, que se paga con endeudamiento, sino que además el aumento es necesario para que el Estado pueda pagar, aunque sea parcialmente, la enorme deuda social que tiene con los sectores más vulnerables de la población.
El Gobierno, con el apoyo de su mayoría en el Congreso, debe agregar legitimidad a la reforma fiscal reduciendo el uso desconsiderado de dinero público, y existen muchas formas de hacerlo, como, por ejemplo:
- Tomar medidas que enfrenten con todo el rigor posible y con un régimen de consecuencias adecuado, la evasión fiscal, que se mueve entre el 40% y 50%.
- Revisar la nómina pública para eliminar a todas aquellas personas que no desempeñan función alguna y están en la nómina para pagar favores partidarios.
- Eliminar todas las pensiones otorgadas en violación a la ley y reducir aquellas cuyos montos generan indignación.
- Reducir a la mitad los fondos entregados cada año a los partidos políticos, que desde 1998 han recibido más de RD$28 mil millones de pesos.
- Reducir los gastos superfluos del gobierno, que son exageradamente altos en partidas como dietas y gastos de representación, en eventos y actividades de entretenimiento, en servicios de internet y televisión por cable, en publicidad y promoción y en electrodomésticos.
- Reducir los gastos del Congreso, que en los primeros cinco meses de este año han gastado RD$2,251,4 millones de pesos lo que representa el 70% del presupuesto de ambas cámaras, con partidas tales como RD$104 millones en dietas y gastos de representación; RD$258 millones de pesos en gratificaciones y bonificaciones y RD$123 millones en sobresueldos. También deberían eliminar toda partida para asistencia social, como el barrilito, que alcanzó la suma de RD$253,millones cualquiera otra, pues escapan a las funciones de los legisladores de representar, legislar y fiscalizar.
- Pagar buenos salarios a los cónsules dominicanos, pero ingresando a las arcas públicas todos los fondos recibidos en pago por los servicios que prestan.
- Reducir la publicidad del Estado, que ya supera los RD$8 mil millones de pesos anuales, a publicidad meramente institucional.
- Reducir el déficit del sector eléctrico.
Si bien entendemos que en un plazo inmediato no es posible, ni práctico, atender todos los reclamos enumerados, el Gobierno, y el poder político en general, deben comprometerse con la sociedad dominicana con los puntos arriba enumerados, que sí pudiera corregir en el corto plazo, antes o durante la discusión de una Reforma Tributaria. Asimismo, deberán fijarse fechas compromisos en el mediano y largo plazo para atender las demandas restantes.
Sólo en la medida que se logre este compromiso con la sociedad dominicana, en el marco de un pacto Gobierno-ciudadanía, se podría hablar de modificar el sistema tributario agregando mayores cargas impositivas para cubrir la brecha que, probablemente, quedará de todas maneras. Sólo entonces ciudadanía y oposición podrán coincidir en apoyar los ajustes impositivos que fuesen necesarios para evitar que el déficit presupuestario nos obligue a un endeudamiento insostenible.
En ese mismo sentido, es importante que cualquier propuesta de reforma tributaria observe en cada una de sus disposiciones los principios en lo que se sustenta el sistema tributario de la República Dominicana, establecidos en el artículo 243 de nuestra Carta Magna, referente a la legalidad, equidad, igualdad y justicia. Si una disposición no garantiza la equidad, la igualdad o la justicia, no debe ser parte de una propuesta de reforma del sistema tributario y, en gran medida, las disposiciones el proyecto de «Ley de Modernización Fiscal» no se enmarcaban en estos principios por estar fundamentadas en impuestos de características altamente regresivas.
