Los parlamentarios opositores declararon la “incapacidad temporal” del mandatario y juramentaron como Presidenta interina a la vicepresidente, Mercedes Aráoz. No obstante, los jefes de las Fuerzas Armadas reafirmaron su lealtad a Vizcarra, quien también fue respaldado por masivas manifestaciones callejeras
Una nueva crisis política conmueve al Perú. En la tarde del lunes, el Presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso y el llamado a elecciones parlamentarias anticipadas. Pero el Parlamento decidió resistir la medida y unas horas más tarde votó la suspensión del Presidente de la República y nombró como presidenta interina a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.
La moción para suspender al mandatario por 1 año fue aprobada por unanimidad, en una sesión a la que asistieron solo 86 de los 130 parlamentarios. Un sector importante de la Cámara ya había abandonado el recinto en respuesta a la disolución, pero la mayoría, controlada por el partido fujimorista Fuerza Popular, insistió en rechazar el anuncio presidencial.
Esta medida del Congreso abre interrogantes en Perú, que pasa a tener dos presidentes, Vizcarra y Aráoz, quien se había distanciado del actual gobernante, aunque ambos fueron elegidos como compañeros de fórmula de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
El Jefe del @CCFFAA_PERU y los Comandantes Generales del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional del Perú reafirman en Palacio de Gobierno su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente @MartinVizcarraC como Jefe Supremo de las FF.AA y PNP. pic.twitter.com/EvbF0XfEBf
— Presidencia Perú (@presidenciaperu) October 1, 2019
Aunque el artículo de “suspensión temporal” está diseñado para situaciones de enfermedad del mandatario, Aráoz juró inmediatamente como presidenta en funciones ante el jefe del legislativo, el opositor Pedro Olaechea. “Es mi deber como ciudadana, mujer, madre y vicepresidenta asumir este mandato. Lo más fácil habría sido renunciar. No me corro a mis responsabilidades por más difíciles que sean las circunstancias”, dijo Aráoz, quien calificó como “inconstitucional” la disolución del Congreso.
A su vez, Olaechea dijo que el Congreso votará el viernes 4 de octubre la moción de destituir definitivamente a Vizcarra.
Mientras tanto, Vizcarra convocó a nuevas elecciones parlamentarias para el 26 de enero, según decreto publicado en la gaceta oficial, con lo que oficializó la disolución del Parlamento. Los jefes de las Fuerzas Armadas reafirmaron su lealtad a Vizcarra, acudiendo por la noche a la sede de gobierno para expresarle su respaldo, un gesto que se suma a las masivas marchas espontáneas a lo largo del país.
“El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los Comandantes Generales del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional del Perú reafirman en Palacio de Gobierno su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente Martin Vizcarra como Jefe Supremo de las FF.AA y PNP” (Fuerzas Armadas y la Policía), dijo la presidencia en Twitter junto a una fotografía de la reunión.
Vizcarra había anunciado este lunes la disolución “constitucional” del Congreso peruano y llamó a un proceso electoral para elegir a un nuevo Parlamento con el objetivo de poner fin a la crisis política que lo enfrentaba con la oposición dominada por el fujimorismo.
“He decidido disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas. Esto es un acto constitucional”, señaló Vizcarra en un mensaje al país por televisión, al agudizarse un choque de poderes iniciado hace tres años y cerrarse las vías de entendimiento entre el ejecutivo y legislativo.
La gota que rebalsó el vaso de agua para Vizcarra fue la negativa del Congreso a suspender una polémica designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional.
Vizcarra había lanzado el domingo un ultimátum al Congreso al anunciar que lo disolvería si este lunes le negaba un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados, con lo que buscaba impedir que ese alto tribunal sea copado por la oposición.
Como consecuencia de la denegatoria del voto de confianza, renunció el primer ministro, Salvador del Solar. En su reemplazo Vizcarra nombró a Vicente Zevallos, su ministro de Justicia.
Una disolución del Congreso en Perú no ocurría desde el 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio un “autogolpe” y asumió plenos poderes con el apoyo de las fuerzas armadas. En esta ocasión, en cambio, Vizcarra se amparó en la Constitución para dar este paso.
Marchas de apoyo
La disolución del Congreso peruano fue recibida con marchas de apoyo en varias ciudades del país, como muestra espontánea de respaldo a la medida del mandatario.
Las primeras movilizaciones de grupos civiles, políticos y juveniles se concentraron en la céntrica Plaza San Martín, en el casco histórico de Lima, y se desplazaron hacia el Palacio Legislativo. Las banderas nacionales con los colores rojo y blanco, carteles que reclamaban el “cierre del Congreso” y banderolas del partido izquierdista Nuevo Perú eran portados por los manifestantes que saludaron la decisión de Vizcarra.
En tanto, la policía montada y camiones antimotines intentaban impedir el acceso de cientos de manifestantes al Parlamento, que llegaban lanzando el lema “Sí, se pudo”.
De igual forma, la población se movilizó en las ciudades de Arequipa Cusco, Huancayo, Huaraz, Chimbote, Tacna, Puno y Moquegua, la región natal de Vizcarra que extendió una enorme bandera del Perú en una de sus calles principales para apoyar la medida presidencial.
Tres años de crisis política
El mandatario ha ganado gran popularidad al encabezar una cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro anteriores presidentes quedaron bajo la lupa de la fiscalía acusados de recibir dádivas de la constructora brasileña Odebrecht.
Vizcarra pidió el voto de confianza luego de que el Congreso archivara el jueves su proyecto de adelantar elecciones a abril de 2020, lo que implicaba recortar un año su mandato y el del Legislativo. La propuesta era apoyada por el 75% de los peruanos, según encuestas.
Los legisladores opositores no desean elecciones anticipadas, pues arriesgan su holgada mayoría en momentos en que sufren gran desprestigio, según sondeos. Además, por una reforma de Vizcarra ratificada en referéndum en 2018, los parlamentarios no pueden ser reelegidos.
El Tribunal Constitucional está encargado de interpretar la Carta Magna y funciona como última instancia judicial en recursos de amparo, como el presentado para que Keiko Fujimori recupere su libertad.
La líder opositora está en prisión preventiva desde hace 11 meses por el escándalo de Odebrecht y el fallo sobre su recurso será anunciado próximamente por el tribunal.
Además del gobierno, juristas independientes cuestionaban el actual mecanismo de selección del Tribunal por su celeridad y falta de transparencia.
La crisis política persiste en Perú desde que hace tres años el banquero Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) venció ajustadamente a la populista Keiko.
Aunque perdió la presidencia, el partido de la primogénita de Alberto Fujimori ganó una abrumadora mayoría en el Congreso con la que mantuvo contra las cuerdas a Kuczynski hasta forzarlo a dimitir en marzo de 2018, cuando lo sustituyó Vizcarra, su primer vicepresidente.
Vizcarra carece de partido y bancada parlamentaria pero, a diferencia de su antecesor, se ha enfrentado enérgicamente al Congreso. infobae.com
