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POR JUAN T H

Altice

Será la primera vez en muchos años que un presidente de la República propone modificar la Constitución sin ningún otro propósito que no sea fortalecer la democracia colocando a cada poder del Estado en el lugar que la propia Carta Magna le asigna. Será la primera vez -repito- que un presidente de la República pretende despojarse de los poderes que la propia Constitución le da, que lo convierte en un faraón que todo lo puede, dotado de poderes plenipotenciarios. Es la primera vez -insisto- que un presidente de la República quiere modificar la Constitución para perjudicarse, no para favorecerse imponiendo la reelección indefinida que tanto daño le ha hecho al país históricamente. Es la primera vez -por qué no decirlo- que el presidente de la República propone una Constitución pétrea, sólida, que nadie pueda cambiar antojadizamente, ni siquiera el Trujillo del siglo 21 del que habló el expresidente Leonel Fernández.

Sin embargo, es el propio expresidente Fernández, junto a otros de sus compañeros y ex compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, quienes dicen que la Constitución no debe ser tocada, que está bien tal y como está, cuando deberían sumarse para presentar un proyecto que fortaleza la propuesta del presidente Luís Abinader.

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Al parecer nadie en la oposición quiere un Ministerio Público verdaderamente independiente, que responda solo a los mandatos de la ley, con un régimen de consecuencias para los piratas  y filibusteros modernos que saquean el Estado cada cuatro años como el que existía hasta la llegada del presidente Abinader.

Los gobiernos del PLD encabezados por Leonel Fernández y Danilo Medina durante 20 años crearon un sistema de justicia para protegerse así mismos; el Ministerio Público lo convirtieron en “círculo de estudio” o “comité de base” de su partido, despojándolo de todo vestigio de independencia, designando a militantes y dirigentes del PLD, socios o amigos íntimos, tanto en las “altas cortes” como en las distintas fiscalías del país para que garantizar la impunidad de los truhanes que desfalcaron el erario.

Las denuncias de corrupción se producían todos los días durante los 20 años de la “peste” morada sin que nadie fuera sometido a la justicia y condenado. De hecho nadie fue a la cárcel a pesar del robo y el saqueo de quienes llegaron “sin ni uno” al gobierno y salieron por la puerta trasera con las alforjas llenas convertidos en millonarios a costa de la pobreza y la marginalidad del pueblo.

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Quienes desde la oposición se oponen a la modificación de la Constitución para crear un Ministerio Público independiente y un Sistema de Justicia igualmente independiente, que no responda a los intereses de ningún partido, de ningún presidente de la República, no hacen más que incriminarse. De existir un Ministerio Público independiente, muchos de los que se oponen, hoy estarían en la cárcel.

Ha sido correcta la decisión del Partido Revolucionario Moderno de llevar al Consejo Económico Social (CES) el proyecto de modificación de la Constitución para producir un gran debate donde participen todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del país interesadas en un cambio de paradigma legal con una visión democrática y progresista.

No se trata, aclaro, de buscar consenso. Los consensos son propios de regímenes totalitarios, no de gobiernos plurales y democráticos. El que quiere participar en el debate que lo haga, el que no quiera, que se abstenga. Es su derecho. Pero la voluntad soberana del pueblo es la que debe manifestarse, la que ordena y manda.

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