JUAN T H
En 1973, después de haber dividido al Partido Revolucionario Dominicano y formado el Partido de la Liberación Dominicana, el profesor Juan Bosch, un artista de la simulación política, que alguna vez tendrá que ser desmitificado, propuso llevar al gobierno del doctor Joaquín Balague a “su propia legalidad”.
Los dos gobiernos del PLD, tres periodos de Leonel Fernández y dos de Danilo Medina, han violado flagrantemente la Constitución y las leyes que ellos mismos, con el control del Congreso, han elaborado y aprobado, para después desconocerlas o violarlas impunemente.
Las Constitución se modificó en el 2010 tras el “pacto de las corbatas azules” que representó, en términos democráticos, un retroceso. Posteriormente, en el 2015 se hizo otra reforma pero para permitir la reelección del presidente Medina, colocando un candado en un “transitorio” que taxativamente lo descalifica para un tercer mandato. (¡Danilo quiere modificar y violentar su propia Constitución!)
Los seguidores de Medina, apadrinados por él obviamente, trabajan arduamente en otro proyecto reeleccionista para lo cual precisan de una mayoría de votos que no han reunido a pesar de los sobornos de 25 millones de pesos y una jeepeta 2020 de cinco millones que descaradamente le están ofreciendo a los diputados de la oposición, que, vale decirlo, 40 y tantos del PRM, más 30 y tantos que siguen a Leonel, han firmado un documento de rechazo a otra reforma de la Constitución.
Pero no importa, para los prevaricadores, la Constitución es letra muerta; las leyes, por igual. En los tribunales más del 90% de los jueces le deben el “favor” de su designación al PLD y tienen que evacuar sentencias que les sean favorables al partido, a sus dirigentes y funcionarios. Las presiones que se ejercen en las llamadas “altas cortes” son inimaginables. La Junta Central Electoral ha perdido la confianza de la mayoría de los ciudadanos precisamente por no actuar acorde con la Constitución y las leyes; en el caso –por ejemplo- del voto de arrastre de los diputados hacia los senadores, así como en la sentencia del Tribunal Superior Electoral en el caso del PRD que ha sido desacatada por el PLD, Miguel Vargas y la propia JCE. Y no hablemos del escándalo de la licitación de los equipos para el voto automatizado que en principio costarán 20 millones de dólares.
Jueces, fiscales, abogados, el colegio de los agrupa, están sujetos a las decisiones del Comité Político del PLD. Ese grupo, de 34 personas, el más poderoso del país en materia política y económica, es quien lo decide todo. Es una estructura empresarial supraestatal. Es el poder dentro del Estado. La Constitución es buena si le conviene a sus intereses; mala, sino no lo es. Igual que las leyes. No hay independencia en la toma de decisiones del Ministerio Público, de los jueces que integran la JCE, TSA, TSE, TC y SCJ.
La hegemonía del PLD y de su Comité Político no se discute. Una dictadura constitucionalizada en el marco de un partido depredador. Tan corrupto que, con lo que se ha robado se puede construir otra República Dominicana y sobra dinero, según dijo una ex presidenta de la Cámara de Cuentas. Tan corrupto que organismos internacionales han establecidos que la corrupción se lleva el 5% del PIB. Tan corrupto que un miembro de la Cámara de Cuentas dijo recientemente que la corrupción ya representa el 7% del PIB, alrededor de 500 mil millones de pesos todos los años.
Lo peor es que aparentemente nadie puede frenar al PLD, obligarlo a cumplir con las leyes que escriben y luego aprueban en el Congreso. Se valen de artimañas, de su poder en los tribunales y en los medios de comunicación para cambiar lo que es color rojo por amarillo. Y al que proteste le envían la guardia, la policía o a la Dirección General de Impuestos Internos para que utilicen la violencia que corresponda.
Llevar al gobierno a su propia legalidad, como lo intenta Guido Gómez Mazara en el caso del PRD acudiendo a unos tribunales adocenados y chantajeados, sabiendo que no las tiene todas de su lado, es lo correcto. El PRM lo está haciendo bien. Pero hace falta energía, voluntad, espíritu de lucha. No basta con echar el pleito en el plano jurídico, también tiene que hacerse, con más fuerza incluso, en la parte política.
El problema no es solo jurídico, es político. Es más político que jurídico. Así como la oposición va a los tribunales también tienen que ir al Congreso, al Palacio, a la JCE para que cumplan sus leyes y para que hagan valer la Constitución. Solo con la lucha popular será posible llevar al gobierno a su propia legalidad. Si no es así, no hay razones para acudir al matadero electoral al que ya hemos ido.
