El PLD y la Violación Sistemática de la Constitución Dominicana
Juan Bosch, fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tras dividir al Partido Revolucionario Dominicano en 1973, propuso en su momento llevar al gobierno de Joaquín Balaguer “a su propia legalidad”. Sin embargo, la realidad política actual dista mucho de esa aspiración.
Gobiernos del PLD y el Desconocimiento de la Ley
Los dos gobiernos del PLD, que incluyen tres periodos presidenciales de Leonel Fernández y dos de Danilo Medina, han violado de manera flagrante la Constitución y las leyes que ellos mismos aprobaron con mayoría en el Congreso. Estas normativas han sido luego ignoradas o incumplidas impunemente.
Reformas Constitucionales Controversiales
En 2010, la Constitución fue modificada tras el denominado “pacto de las corbatas azules”, un retroceso democrático significativo. Más adelante, en 2015, se realizó otra reforma para permitir la reelección de Danilo Medina, con un candado en un artículo transitorio que le impide un tercer mandato. Sin embargo, Medina busca ahora modificar nuevamente la Constitución para violentar sus propias normas.
Intentos de Reelección y Corrupción en el Congreso
Los seguidores de Medina, respaldados por él, trabajan intensamente en un nuevo proyecto reeleccionista. Para lograrlo, necesitan una mayoría de votos que aún no han conseguido, a pesar de ofrecer sobornos millonarios: 25 millones de pesos y una jeepeta 2020 valorada en 5 millones a diputados de la oposición.
Vale destacar que más de 40 legisladores del PRM y otros 30 aliados de Leonel Fernández han firmado un documento rechazando cualquier reforma constitucional que permita una nueva reelección presidencial.
La Constitución y las Leyes, ¿letra Muerta para el PLD?
Para los miembros del PLD que violan la ley, la Constitución es simplemente letra muerta. Más del 90% de los jueces deben su designación al partido y se ven obligados a emitir sentencias favorables a sus intereses.
Las presiones dentro de las “altas cortes” son inimaginables. La Junta Central Electoral (JCE) ha perdido la confianza ciudadana por su incumplimiento de la Constitución y las leyes, evidenciado en el manejo del voto de arrastre y en la desacatada sentencia del Tribunal Superior Electoral en el caso del PRD.
Además, el escándalo de la licitación para los equipos de voto automatizado, con un costo inicial estimado en 20 millones de dólares, ha aumentado la desconfianza pública.
El Poder Absoluto del Comité Político del PLD
Jueces, fiscales y abogados están subordinados al Comité Político del PLD, un grupo de 34 personas que concentra el poder político y económico del país. Este comité funciona como una estructura empresarial supraestatal y determina todas las decisiones clave.
La Constitución y las leyes solo son válidas cuando favorecen sus intereses. No existe independencia real en el Ministerio Público ni en los órganos judiciales como la JCE, el TSA, el TSE, el TC y la SCJ.
Corrupción Endémica y sus Impactos en República Dominicana
La hegemonía del PLD es indiscutible, funcionando como una dictadura constitucionalizada bajo un partido depredador y corrupto.
Según una ex presidenta de la Cámara de Cuentas, con lo robado por la corrupción se podría construir otra República Dominicana y aún sobraría dinero. Organismos internacionales estiman que la corrupción absorbe el 5% del PIB, mientras que un miembro de la Cámara de Cuentas eleva esta cifra al 7% del PIB, equivalente a unos 500 mil millones de pesos anuales.
La Impunidad y la Falta de Control
El PLD se escuda en artimañas, su poder judicial y el control mediático para manipular la realidad política. Quienes protestan enfrentan la represión de la guardia, la policía o la Dirección General de Impuestos Internos, que utilizan la violencia para silenciar disidencias.
La Lucha por la Legalidad y la Democracia
Llevar al gobierno a respetar su propia legalidad, como intenta Guido Gómez Mazara con el caso del PRD en tribunales parcializados, es un paso correcto. El PRM avanza en este sentido, pero hace falta más energía, voluntad y espíritu de lucha.
El desafío no es solo jurídico, es fundamentalmente político. La oposición debe actuar no solo en tribunales, sino también en el Congreso, el Palacio Nacional y la JCE para exigir el cumplimiento de la Constitución y las leyes.
Solo una lucha popular contundente podrá devolver la legalidad al gobierno dominicano. De lo contrario, no habrá razones para participar en un proceso electoral que ya se ha convertido en un matadero para la democracia.
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