Bartolo García
Santo Domingo, RD. – La empresaria y asesora en temas ambientales, Circe Almánzar, hizo un llamado al Poder Ejecutivo para promulgar la modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, la cual ya fue aprobada por el Congreso Nacional y solo requiere la firma presidencial para su entrada en vigencia.
Almánzar valoró como positivo el esfuerzo realizado por la Cámara de Diputados y el Senado para alcanzar un consenso con los sectores involucrados, especialmente el empresarial, logrando así una versión de la reforma que equilibra las necesidades ambientales con las capacidades del sector productivo.
“Este ejercicio de diálogo y apertura permitió atender de manera responsable preocupaciones importantes, como la contribución anual de las empresas, lo cual representa un avance significativo hacia una política ambiental más sostenible y equitativa”, expresó la dirigente empresarial.
Uno de los aspectos destacados de la reforma es la definición de los porcentajes obligatorios de utilización de residuos en la fabricación de materiales, los cuales serán definidos en normativas técnicas posteriores, elaboradas con la participación de todos los actores involucrados.
En ese sentido, Almánzar recalcó la importancia de que dichas normativas sean diseñadas bajo principios técnicos, de manera transparente y con participación del Ministerio de Medio Ambiente, para asegurar su viabilidad y correcta aplicación en los sectores productivos.
Asimismo, aclaró que la nueva definición legal sobre la ubicación de las plantas de valorización solo aplica a instalaciones destinadas al tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, sin afectar las plantas dedicadas al procesamiento de residuos prioritarios.
Esta precisión, según explicó, responde a preocupaciones del sector empresarial que temía restricciones excesivas para instalaciones ya reguladas y que cumplen con estándares ambientales vigentes.
Por otro lado, Circe Almánzar explicó que la disposición que reserva la recolección de residuos sólidos a gestores autorizados, como los ayuntamientos, no es una novedad introducida por la reforma, sino una reafirmación del marco legal existente.
“Es importante recordar que esta responsabilidad de gestión ya está contemplada en la ley actual y busca garantizar un manejo formal, controlado y seguro de los desechos”, afirmó la asesora.
La reforma a la Ley 225-20 incluye además disposiciones para fortalecer los mecanismos de fiscalización, mejorar el uso de tecnologías y promover la valorización como método principal para reducir los residuos que llegan a los vertederos.
Almánzar consideró que esta versión final de la ley representa un punto de encuentro entre los objetivos ambientales del país y las capacidades operativas del sector privado, lo cual fortalece la gobernanza ambiental en la República Dominicana.
También destacó que esta reforma es un paso firme hacia una economía circular, donde los residuos son vistos como recursos reutilizables y se fomenta una cultura más responsable en el consumo y la producción.
Finalmente, reiteró que el proceso legislativo ya está completo y que ahora corresponde al presidente de la República promulgar la ley, como una muestra de compromiso con el desarrollo sostenible y la salud ambiental de las futuras generaciones.
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