El ministerio público reveló el pasado martes la denominada Operación Medusa, en la que implicaron a 18 personas con vínculos a la Procuraduría General de la República, entre ellos el extitular de ese organismo, Jean Alain Rodríguez.
Esta operación consistió en múltiples allanamientos en propiedades de los imputados, los cuales resultaron en el apresamiento de por lo menos cinco de los acusados.
Pero, ¿de qué son acusados?
La respuesta a esta pregunta yace en el documento de solicitud de allanamiento sometido a un tribunal del Distrito Nacional por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al que este medio tuvo acceso.
A continuación, un resumen de las acusaciones levantadas en contra de imputados de la Operación Medusa:
Jean Alain Rodríguez: es acusado de firmar múltiples solicitudes de pagos, en su cargo como procurador general de la República, a la compañía DIO, SRL, quien era representada por su exasesor y coimputado en la Operación Medusa, Miguel José Moya.
Además, es señalado de usar los fondos de la PGR para pagar sueldos a los “enlaces comunitarios” del movimiento político Renovación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El ministerio público aseveró que este movimiento hacía uso de los vehículos incautados por la PGR para actividades políticas.
También es acusado de aprobar los procesos de compras que supuestamente estaban amañados.
Las autoridades igualmente indicaron que, a menos de siete días de cesar sus funciones de procurador, Rodríguez se colisionó con Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Alejandro Martin Rosa Llanes para la emisión de un cheque de 34 millones 522 mil 364.30 pesos incurriendo en supresión y suplantación de del contrato original de acuerdo a custodia y operación de bien inmueble, el 31 de octubre de 2019.
Miguel José de Moya: exasesor de Rodríguez, investigado por contratos valorados en 50 millones de pesos con la PGR a través de la empresa DIO, SRL, para para impartir cursos de estrategia comunicacional.
De acuerdo a las autoridades DIO, SRL participaba en licitaciones amañadas, ya que el único participante era la entidad representada por Moya, y por lo tanto siempre resultaba ganadora de los contratos.
Asimismo, estos talleres en ocasiones ni siquiera se realizaban, ya que el investigado Víctor Lora Imbert, en ese entonces director general de Carrera del ministerio público, admitió haber emitido una certificación en la que aseguraba que acudió al curso sin que exista prueba alguna de su asistencia.
Jonnathan Joel Rodríguez Imbert: exdirector administrativo y financiero de la PGR que representó a la referida institución en los trámites con DIO, SRL, a beneficio suyo y de Rodríguez, Mercede Marte, Solano Augusto, Canó Sacco y Forteza Ibarra, a fin de defraudar al Estado.
De igual forma usaba sus cargos dentro del órgano persecutor para incidir directamente a la adjudicación de procesos de compra de esta institución.
Producto de ese poder, resultó beneficiado económicamente por la empresa a la que le adjudicó licitaciones.
El ministerio público lo acusa de ser uno de los funcionarios que conspiró con Jean Alain para la emisión de un cheque irregular con un valor superior a los 34 millones de pesos.
Alfredo Alexander Solado Augusto: exsubdirector de financiero de la PGR que también solicitó en varias ocasiones pagos a DIO, SRL.
Similarmente recibió beneficios por parte de las compañías escogidas en procesos de compra como el del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.
Rafael Stefano Canó Sacco: exdirector de gabinete acusado de influir de manera irregular en la escogencia de proveedores en licitaciones de la PGR.
Por igual recibió dinero por parte de compañías que ganaron licitaciones en esa institución.
Otra acusación es la de haberse beneficiado directamente por seleccionar la compañía Soluciones Integradas Mazur Báez, SRL, tras adjudicarle un contrato valorado en 50 millones de pesos, acuerdo que dicha entidad no cumplió, según la imputada Medina Sánchez.
Rafael Antonio Mercede Marte: encargado del departamento de contabilidad, que tenía el trabajo de contabilizar y recoger dinero en efectivo para ser depositados en la oficina de Rodríguez Imbert.
Además, recibió compensación monetaria por parte de las entidades que resultaron vencedoras en procesos de compra.
Johannatan Loanders Medina Reyes: director de la división de compras, quien de acuerdo con los investigadores recibió prebendas de las empresas que ganaron licitaciones amañadas.
Amelia Isabel Escaño: titular del departamento de compras y contrataciones que supuestamente recibió dinero de compañías que ganaron procesos de compras fraudulentos.
Igualmente la acusaron de aprovecharse de sus funciones para su provecho y de familiares, comprando productos con fondos de la PGR.
Jenny Marte Peña: encargada de proyectos del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, fue señalada como una de las beneficiadas de la compañía que ganó esa licitación.
Rainiery Elizabeth Medina Sánchez: era la responsable del almacén de la PGR, y tenía la labor de verificar que las compañías que presentaban ofertas en licitaciones que no eran las agraciadas por el grupo sean descalificadas del proceso.
Igualmente realizaba entradas “irreales” de órdenes de productos incompletos (o que simplemente no llegaban) al almacén de la Procuraduría General de la República (PGR), a través de facturas adulteradas.
Todo esto lo hacía Medina Sánchez debido a que era la encargada de recibir estos materiales, bajo las instrucciones de Johannathan Medina Reyes, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Francis Ramírez Moreno, Rafael Antonio Mercede Marte y Altagracia Guillén Calzado.
Altagracia Guillén Calzado: es acusada de beneficiarse de las maniobras irregulares realizadas con los bienes enviados al almacén de la PGR, particularmente con materiales de construcción, que utilizó para arreglar su propia vivienda.
Alejandro Forteza Ibarra: director de tecnología de la información que, de acuerdo con los fiscales, emitía certificaciones falsas que afirmaban la llegada de equipos al almacén de la Procuraduría.
También es señalado como el responsable de borrar intencionalmente la base de datos de la PGR, de encriptar la data de los servidores institucionales y de crear un acceso ilícito en el sistema informático del organismo, con el que podía monitorear las computadoras utilizadas en el área administrativa y por los fiscales.
Otro señalamiento es el de que hacía procesos de contrataciones para capacitación del personal de su departamento, talleres que nunca fueron impartidos.
Alejandro Martin Rosa Llanes: exdirector de la unidad de custodia y administración de bienes incautados por el Ministerio Público, acusado de ser uno de los funcionarios que conspiró con Jean Alain para la emisión de un cheque irregular con un valor superior a los 34 millones de pesos.
