VISIÓN GLOBAL
Por Nelson Encarnación
El discurso y las acciones mostrados hasta ahora por el presidente Luis Abinader se han encaminado a dejar satisfechos a diversos sectores nacionales, excepto a la clase media, sobre la que en las últimas décadas se han dirigido la mayoría de los cañones fiscales cada vez que el Gobierno necesita más recursos.
El retiro de las medidas impositivas contenidas en el proyecto de presupuesto del año entrante fue una decisión que ese segmento poblacional valoró positivamente, pues en su contra iban casi todas las medidas que, de haberse aprobado, entrarían en vigencia este próximo primero de enero.
Es decir, ha sido un alivio momentáneo, una postergación de lo que en 2022 le impactará, en razón de que la iniciativa dejada sin efecto llegará al Congreso en este próximo 2021.
Es como aplazar brevemente la ejecución de un sentenciado a pena de muerte.
El presidente anunció en el momento de retirar las cargas tributarias, que la decisión fue posible gracias a un adelanto de la minera Barrick Gold sobre futuros dividendos por nuestro oro de Cotuí, así como anticipos del sector financiero.
Un empleado público lo graficaría con el siguiente ejemplo: “es como vender en febrero el salario de Navidad”, un ejemplo un poco ortodoxo, pero entendible para la mayoría.
En el entrante año se adelanta la discusión de una reforma tributaria que aborde en el aspecto más amplio posible una cuestión que ha estado postergada por más de dos décadas, pues hasta ahora se ha recurrido a parches fiscales que se cubren con los renglones de mayor uso por la clase media.
En la práctica, los quintiles tres y cuatro no reciben compensaciones—o reciben muy pocas—por lo que su yugo es permanente, si tomamos en cuenta que los segmentos uno y dos se benefician de los diversos programas sociales que implementa el Estado.
Reciben subsidios directos para la alimentación, el pago de energía eléctrica, la compra de gas para cocinar, sus hijos están en la educación pública y por consiguiente gratuita, por los que reciben, además, incentivos para mandarlos a clase, donde, por añadidura, recibían alimentación hasta que la pandemia sacó a todos de la educación presencial.
El otro sector, el que oscila entre los quintiles cuatro y cinco, tiene la parte más ancha del embudo, con amplias exenciones en forma de incentivos para supuestamente generar empleos, algunos evaden impuestos y aranceles y tienen otros rejuegos.
Ahora bien, en beneficio de la Administración debemos decir que la única forma de financiar esos programas, pagar salarios y suplir las múltiples necesidades del Estado es mediante el cobro de impuestos. La otra opción es llenar el país de más deudas. Decidamos qué es menos grave.
El monto de deuda pública ha alcanzado unos niveles asombrosos y que ya rondan los umbrales de lo peligroso, ya que no es cierto que la capacidad de endeudamiento de la República Dominicana sea ilimitada como han sugerido algunos.
Bajo esa falsa premisa el pasado Gobierno se endeudó hasta la coronilla para mantener funcionando la burocracia estatal, recurso del cual debe cuidarse la Administración del presidente Abinader.
