Por JUAN T H
Desde tiempos inmemoriales los derechos de las personas han sido vulnerados por los regímenes de fuerza que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, pasando por la dictadura de Trujillo, contribuyendo a moldear el carácter conservador y temeroso de la sociedad.
La muerte asechaba en cada esquina a través de los “calieses” del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) en sus carros “cepillos” (Volkswagen) que aterrorizaban barrios y ciudadanos por completo. En esos tiempos todos tenían miedo, nadie creía en nadie; todos dudaban de la sinceridad y honestidad de todos, de padres, hermanos, hijos y tíos, porque en cada hogar “Trujillo era el jefe”. Hasta la capital, Santo Domingo, “la primada de América”, llevaba su nombre.
Tras la muerte del tirano, después del golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch, las cosas no cambiaron mucho. Trujillo fue asesinado, pero no la cultura del trujillismo, que siguió vigente durante el Triunvirato y se reafirmó después de la revolución de abril y el ascenso al poder del más conspicuo de sus seguidores, Joaquín Balaguer, con la operación “chapeo” (persecución, encarcelamiento, tortura y asesinato en plena calle de los “constitucionalistas”.
El síndrome del “gancho” se mantuvo, y se mantiene, hasta nuestros días. La herencia de Trujillo sigue viva; seguimos siendo una sociedad conservadora y temerosa hasta de nuestra propia sombra. La mayoría de los ciudadanos están convencidos de que sus teléfonos están intervenidos, que alguien escucha sus conversaciones. No es cierto, pero el síndrome se mantiene. Es verdad que los teléfonos de la mayoría de los dirigentes políticos y altos empresarios son intervenidos. Lo sé por experiencia propia. Me consta que durante muchos años mis números han estado intervenidos. Incluso sé quien o quienes lo han intervenido en diferente coyuntura política.
Sé de periodistas, comunicadores, políticos y hasta empresarios, que tienen los equipos para escuchar conversaciones de sus competidores, políticos y empresariales, en muchos casos para el chantaje y la extorsión. En este país hay muchos “chantajeables” (funcionarios, dirigentes políticos y empresarios, junto a sus esposas y amantes)
Muchos de los que se dedican a escuchar y grabar conversaciones ajenas, son conocidos por los gobiernos que, en ocasiones, utilizan sus “servicios”.
Hay gente que vive (y se ha enriquecido) extorsionando y chantajeando funcionarios, políticos y empresarios, sin consecuencia alguna.
Quiero recordar, por si sirve de algo, cosa que dudo, que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”, que “toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias y esos ataques”,
Todos los ciudadanos tienen, como derechos fundamentales, respeto a la vida, a la privacidad, el honor y el buen nombre; igual derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento sin cohesión o represión de parte del Estado que, al contrario, debe ser garante de esos derechos consignados en casi todas las constituciones del mundo.
Creo ha llegado el momento de perseguir a los que se dedican, a través de las redes sociales o de cualquier otro medio, a intervenir teléfonos privados o públicos sin autorización de la autoridad competente. (Sin la autorización de un juez, ante un pedido de un órgano o jurisdicción autorizado, nadie puede intervenir un teléfono residencial o un móvil)
El gobierno tiene los mecanismos legales para someter a la justicia a los que se dedican a la extorsión y el chantaje de funcionarios, dirigentes políticos, empresarios, etc., a través de esa práctica delincuencial y criminal. Espiar a los demás se convierte en una enfermedad patológica deleznable, propia de individuos de muy bajos instintos, que debe merecer la condena de toda la sociedad, porque nadie que se respete, con dos dedos de frente y un poco de vergüenza, se dedica a intervenir teléfonos para extorsionar y chantajear a los demás.
