Por Salvador Holguín, diciendo lo que otros callan.
La devolución en calidad de negociación de 3 mil millones de pesos robados al Estado dominicano por Maxi Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina Sánchez, representa no solo un escándalo mayúsculo de corrupción, sino también una profunda vergüenza y decepción para su propia hermana, Cándida Montilla, quien, en nuestra opinión, es una mujer íntegra, digna y prácticamente una santa. Durante su gestión como primera dama de la República Dominicana, Cándida demostró ser una figura comprometida, responsable, respetada y decente, muy distinta a la sombra de putrefacción que hoy empaña el apellido de su familia.
Ahora bien, lo más grave de este caso no se limita a la devolución del dinero. El acuerdo que permitió a Maxi Montilla reintegrar a las arcas gubernativas 3 mil millones de pesos, saqueados del erario durante el Gobierno de Danilo Medina, envía un mensaje perverso y peligroso a la sociedad dominicana: robar al Estado es posible y si se roba mucho, siempre habrá margen para negociar con las autoridades y no ser alcanzado por la justicia.
Este precedente abre un camino tenebroso, les dice a los funcionarios corruptos del presente y del futuro, que no importa cuánto se lleven o se roben del dinero del pueblo dominicano, siempre podrán devolver una parte si son descubiertos y, con eso, librarse de consecuencias legales mayores. En otras palabras, este convenio con el Ministerio Público y Maxi Montilla promueve y autoriza la corrupción en RD.
¿Dónde queda entonces la justicia? ¿Qué señal recibe la juventud dominicana, que hoy lucha por un país más transparente y decente? ¿Cómo se puede hablar de institucionalidad si los saqueadores de los recursos del gobierno son tratados con manos de seda, privilegios y acuerdos blandos, mientras al ciudadano común de a pie, se le aplica todo el peso de la ley por delitos menores?
Este caso, lejos de fortalecer la confianza en la justicia persecutora de los corruptos y depredadores de los recursos estatales, la debilita peligrosamente. La depravación no puede convertirse en una inversión de riesgo calculado, donde se roba sabiendo que, en caso de ser atrapado, basta con devolver una ínfima parte del botín y queda libre.
El país necesita sanciones ejemplares, que sienten precedentes y obliguen a los administradores de nuestras riquezas gubernamentales a ser honestos y transparentes, no favorecerlos con acuerdos impunes y complacientes que estimulen el saqueo de los dineros de la ciudadanía. La República Dominicana debe decidir si quiere ser una nación de justicia y valores, o un Estado donde los corruptos negocian su impunidad con dinero mal habido.
El retorno de los 3 mil millones de Maxi Montilla no es equidad, es un pacto con la corrupción e impunidad, un golpe bajo a la moral social y un insulto a la memoria de los dominicanos honestos que todos los días luchan y trabajan honradamente por sobrevivir en medio de tantas carencias.
