El Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos investigará lo que Apple admitió el mes pasado, tras varias críticas y denuncias: que su nuevo iOS hace más lentos a sus modelos más viejos de iPhone. También la Comisión de Bolsas de Valores (SEC) hará una investigación, por el potencial efecto que la actualización del software, al hacerse sin que el público la conociera, podría haber tenido en la cotización de la empresa.
Fuentes cercanas al caso reconocieron a la agencia AFP que aún es demasiado pronto para especular con la posibilidad de que la compañía sea acusada de irregularidades.
Bloomberg aseguró que la Justicia ya solicitó a Apple documentación sobre el caso.
Ni Apple ni el Departamento de Justicia respondieron a las preguntas de la Bloomberg y AFPhasta el momento.
La firma de Cupertino reconoció a fines de 2017 que había ralentizado intencionalmente los modelos anteriores de iPhone con el propósito de darle mayor capacidad a la batería del equipo, ya que usa menos energía cuando se ejecuta a velocidades más lentas.
Ante las críticas, la compañía planea lanzar una actualización de software a finales de este mes que permitirá a las personas desactivar la función de reducción de velocidad del iPhone.
Una investigación francesa sobre posible “obsolescencia programada” o “fraude” por parte de Apple está dirigida por especialistas en defensa de la competencia y consumidores en el Ministerio de Economía francés.
La obsolescencia planificada es una práctica comercial ampliamente criticada en la que los fabricantes incorporan la expiración de sus productos para que los consumidores se vean obligados a reemplazarlos.
Los críticos han acusado a Apple de convencer a los usuarios de iPhone para que actualicen a los modelos más nuevos al permitirles pensar que eran los teléfonos los que necesitaban reemplazarse, en lugar de solo la batería.
El grupo con sede en California se enfrenta a demandas en los Estados Unidos y Rusia sobre el asunto. infobae.com