La Junta Central Electoral (JCE) recordó a los precandidatos a cargos electivos que podría inhabilitar sus aspiraciones si violentan las disposiciones de la Ley de Partidos en el período de la precampaña.
Este lapso de tiempo está comprendido entre el primer domingo de julio y el primer domingo del mes de octubre.
En el reglamento de aplicación de la referida Ley, se establece que los aspirantes enfocarán sus esfuerzos proselitistas en los miembros de sus partidos.
Está prohibido todo tipo de propaganda que implique el desplazamiento vehicular con la identificación o rotulado de precandidaturas, así como la utilización de imágenes, a menos que las mismas sean utilizadas en los locales de los partidos.
Sin embargo, ante el ardor de la competencia interna de algunos partidos, los precandidatos han empezado a desoir los dictámenes legales con el propósito de calar entre electores.
Esta situación motivó al organismo electoral a emitir un comunicado de advertencia a los tales con el propósito de ajustarles a las exigencias de la ley.
Recurso contra JCE
Aunque la inhabilitación de la candidatura es la decisión más contundente que podría tomar la JCE en caso de violación, la incautación de vehículos rotulados que promocionen aspiraciones también está contemplado.
Otra de las prohibiciones es la colocación de mensajes promocionales en los medios radiales y televisivos.
Esta disposición, ha generado rechazo de parte de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA), por considerar que la misma promueve la competencia desleal ya que no competirán en igualdad de condiciones con otros medios.
Esto llevó a ADORA a interponer un recurso de amparo contra la medida en el Tribunal Superior Electoral (TSE), que debió ser conocido ayer.
Pero el TSE decidió aplazarlo para el 20 de agosto.
En los últimos años el auge de los periódicos digitales, la publicidad vía redes sociales o en plataformas de vídeo ha calado en el gusto de los publicistas por su impacto en el electorado. Ninguna de estas plataformas, es mencionada en la prohibició de la Ley 33-18.
Fuente | El Día
