La deuda pública consolidada sigue en aumento, esta vez por los compromisos de emergencia que el país debió asumir por el COVID-19, y ya sumaba 51,945.3 millones de dólares al cierre del tercer trimestre del año.
Los datos publicados por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda indican que la deuda pública consolidada –que incluye tanto la del gobierno central y descentralizado como la del Banco Central- se incrementó en 8,207.2 millones de dólares durante el último año. Se trata de un monto similar al total de las reservas internacionales que tiene el país.
La deuda pública consolidada equivalía en el tercer trimestre al 66 % de un Producto Interno Bruto achicado por la pandemia. “La deuda posiblemente llegará a 70 % del PIB el próximo año”, estima el vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco. Cree que ese nivel ocurrirá debido a que el Presupuesto General del Estado presentado para 2021 está sustentado en ingresos que posiblemente no se logren a tiempo.
Del total, unos 29,929.3 millones de dólares corresponden a deuda externa, es decir, emisiones de bonos soberanos, préstamos de multilaterales o con otros países. Mientras tanto, los restantes 22,016 millones de dólares son compromisos en deuda interna, conformados por bonos emitidos en el mercado local o deuda con bancos nacionales.
Otra forma de ver la deuda pública consolidada es según sus emisores. Visto así, 43,091.1 millones de dólares son por deuda emitida por el gobierno central y otras instituciones del sector público no financiero, mientras que los otros 11,124.3 millones de dólares son deuda colocada por el Banco Central. El Ministerio de Hacienda descuenta de esta contabilidad la deuda intergubernamental, por 2,270.1 millones de dólares que es la que mantiene el gobierno central con el instituto emisor por el rescate durante la crisis bancaria de la década pasada.
El problema no es el nivel, sino la sostenibilidad
Ciriaco señaló que la propuesta de Presupuesto 2021 presentada por el gobierno de Luis Abinader incluye ventas de activos estatales que permitirían ingresos de 87,000 millones de pesos (alrededor de 1,400 millones de dólares), una cantidad elevada, pero cuyo logro dependerá de factores que son ajenos al gobierno.
El problema no solo es el nivel de la deuda pública en la actualidad, sino la sostenibilidad fiscal. El propio presidente Abinader ha reconocido que la recuperación de la economía no será suficiente para resolver los problemas que se avecinan. “La economía se va a recuperar, pero nos quedará la crisis de la deuda”, dijo el mandatario nacional en septiembre pasado.
Ciriaco estima preliminarmente que para el próximo año cerca del 35 % de los ingresos se deberá destinar al pago del servicio de la deuda. Solo la cancelación de los intereses se llevará un 3.6 % del Producto Interno Bruto (PIB), estima el vicedecano de Economía de la UASD.
El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees) también observa un crecimiento del peso de los intereses sobre las cuentas fiscales. “Venimos transitando un camino de insostenibilidad y esto se ha agravado. Se deben tomar medidas de responsabilidad fiscal”, dijo Miguel Collado, economista senior del Crees.
El problema, cree Collado, es que no será posible recuperar las recaudaciones, y eso dificultará hacer frente a los compromisos derivados de la deuda.
El riesgo más cerca, pero no es inminente
Ambos economistas aseguran que el camino de la deuda es peligroso, que el peso es cada vez más fuerte sobre las cuentas fiscales, pero que no se avizora una cesación de pagos en el firmamento, como sí ha ocurrido en los últimos años en países como Argentina, Puerto Rico y Venezuela.
“El aumento de deuda generará restricciones de recursos, pero no un default”, dijo Ciriaco.
Agregó que el Estado tiene activos que puede ofrecer como garantía, como los recursos auríferos, en caso de que se llegue a esa eventualidad. Además, el vicedecano de Economía de la UASD dijo que hay estrategias que todavía son posibles, como un rollover de deuda, en caso de que llegue la fecha de vencimiento de alguna porción y no puedan pagarse a sus vencimientos. El rollover es el proceso mediante el cual se prorroga el vencimiento de un bono emitido por el gobierno para así extender hacia el futuro la fecha de pago a los acreedores.
Collado, por su parte, considera que República Dominicana no está en estos momentos en una situación de riesgo de insostenibilidad. “Hay mucha liquidez en los mercados internacionales, no ha bajado la calificación de la deuda dominicana, el riesgo país se ha reducido”, dijo el economista senior del Crees.
Agregó que habrá que ver cómo valoran las calificadoras de riesgo la situación de la deuda dominicana y del resto de los países de la región.
Ambos analistas recordaron que el crecimiento del endeudamiento es una consecuencia de la crisis generada por la pandemia.
“Si hubiéramos hecho lo correcto, tendríamos un nivel más manejable”, dijo Ciriaco, quien cuestionó el endeudamiento ocurrido durante el gobierno pasado en momentos de crecimiento económico. “En los ciclos de crecimiento debimos reducir la deuda y no lo hicimos”, recordó.
