Por Franklin Rosa
Las graves denuncias sobre irregularidades administrativas y desorden financiero de la UASD, que salieron publicadas en la auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en la rectoría del Dr. Iván Grullón Fernández, período 2014-2018, pueden tener las siguientes lecturas.
I- El déficit histórico que arrastra la UASD, desde la lucha por el medio millón, a no cumplirse la Ley 5778 de 1961, que otorga el 5% del presupuesto nacional a la universidad, obligando a la academia a pedir los aportes extra
ordinarios o especiales a los gobiernos de turnos y a hacer malabares financieros, acumulando grandes deudas.
2- Los rectores en sus gestiones administrativas viven ahogados por el monstruoso déficit financiero y tienen que violar disposiciones de Ley para saldar algunos compromisos económicos. Es frecuente retener pagos de impuestos, de la cooperativa, de los servicios eléctricos, reflejándose esta situación como irregularidades administrativas.
3- En el periodo del rector Iván Grullón Fernández se debilitó mucho la institucionalidad universitaria, el carácter colegiado del Consejo Universitario se anuló y el rector concentró las funciones de los vicerrectores. La rigidez y autoritarismo fue tal que no recibió nunca a los profesores ex -funcionarios favorecidos por la Sentencia del Tribunal Constitucional, ni permitió que esta grave situación se conociera en el Consejo Universitario. Es posible que muchas irregularidades administrativas e inobservancia se cometieran por esta situación particular de autoritarismo e invasión de funciones.
4-La situación de precariedad presupuestaria que ha vivido la academia se transmite de rectoría a rectoría y no hay transparencia ni voluntad para definir cuál es la realidad financiera de la UASD. Es posible que la auditoría de la Cámara de Cuentas no haya sido conocida por el Consejo Universitario como tampoco lo fue la condición de desacato que tiene la UASD frente a la Sentencia del Tribunal Constitucional. La práctica de los últimos rectores el de querer anular el carácter colegiado y de cogobierno del Consejo Universitario.
5-La actitud de las autoridades universitarias de limitarse a administrar la crisis financiera de la UASD y de estar pidiendo aportes extraordinarios o especiales año tras año debilita el peso moral e institucional para luchar por el 5%. Definir de una vez y para siempre la responsabilidad del gobierno con la educación universitaria y que aplique una verdadera política educativa para sacar al país del atraso y el subdesarrollo debe ser un aspecto fundamental de una gestión universitaria.
6-La auditoría de la Cámara de Cuentas, por ser tan delicada, implicando responsabilidades penales para las pasadas autoridades universitarias, debe tener un conocimiento ponderado por el Consejo Universitario, igualmente la condición de desacato a la Sentencia del Tribunal Constitucional que tiene la UASD.
7-Un aporte trascendental a una política educativa de desarrollo nacional del presidente Luis Abinader, del ministro Franklin García Fermín del MESCYT, y del rector Editrudis Beltrán es lograr la ejecución de la Ley 5778 o reformarla para garantizar un presupuesto que evite la violación permanente del mandato de la Ley y los inestables aportes extraordinarios o especiales de los gobiernos, que poco ayudan al compromiso creciente que tiene la UASD con la educación superior.
