Por JUAN T H
Sé perfectamente que la justicia tiene un carácter de clases, como el Estado que la sustenta. El andamiaje jurídico le da carácter de legitimidad a un sistema donde prima la violencia a través de órganos represivos como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sin los cuales sería imposible su mantenimiento. El Estado tiene el control de la violencia. Sin sus armas, sin sus leyes, sin eso que eufemísticamente llamamos “sistema judicial”, sería imposible el control social.
Si entendemos ese axioma político definido acertadamente por los clásicos, podemos entender porque las cárceles de todos los países están llenas de pobres blancos, de pobres negros, de pobres campesinos, de obreros pobres, de amas de casas pobres. Los pobres, que, como dijera Eduardo Galeano, “valen menos que la bala que los mata”. Los ricos rara vez van a la cárcel porque las rejas no están hechas para ellos, ni en enfrentamiento armado.
La ley nos hace a todos iguales, según la doctrina, pero no es verdad. Algunos iguales son más iguales que los otros. El sistema judicial está estructurado para poderosos que tienen a su favor las propias leyes, fiscales, jueces y abogados costosos, sin ética social, amparados en la tesis de que “todo ciudadano tienen derecho a la defensa” técnica no importa el delito o el crimen que haya cometido, aun sea de lesa humanidad, como lo es la corrupción que le roba el derecho a la educación, la salud, la vivienda, el empleo, la seguridad y la propia vida a los pobres, precisamente.
Es casi imposible que la acusación contra un político criminal y ladrón adquiera el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. Hay que seguir, en los casos de los delincuentes de cuello blanco el “debido proceso”, lo que no ocurre con los pobres porque policías pobres matan a los “delincuentes” pobres en intercambios de disparos.
Hay abogados dispuestos a “defender” a cualquiera, (asesinos ricos, funcionarios corruptos, estafadores de cuello blanco, violadores, contrabandistas, usureros, evasores de impuestos, etc., a sabiendas de que son culpable alegando con vehemencia que tienen “derecho a una defensa”, y la “presunción de inocencia”) No lo hacen gratis, por supuesto, ni por humanidad, lo hacen por dinero. Por mucho dinero para tranquilizar su conciencia social.
Los procesos judiciales contra los pobres se resuelven rápidamente. El ¡tránquelo! O ¡tránquenla! Es la norma. La mayoría de manera preventiva por años. En cambio los procesos judiciales de los poderosos toman mucho tiempo hasta que se archivan o se ordenan investigaciones que caen en el olvido. Las medidas de coerción son benignas. Garantía económica, “prisión” domiciliaria que son vacaciones en casa donde tienen que tolerar a la esposa, lo cual les parece una tortura después de la primera semana.
No me extrañaría que los imputados del caso Odebrecht salgan en libertad por “falta de pruebas”, como ha sucedido con muchos otros expedientes. Tampoco pongo en dudas que los apresados por corrupción durante el gobierno del mitómano Danilo Medina, resulten “inocente” después de terminado el “debido proceso” que puede ser dentro de un año, dos o cuatro, hasta que el cansancio nos venza.
El aparato judicial está hecho para que no haya justicia verdadera. Estimo que más del 95% de los 26 mil y tantos presos (privados de libertad o internos, como les dicen a los pobres presos, que tiene el país, tienen un origen pobre, más del 53% de manera preventiva, como animales, sin dignidad, condenados desde que nacieron a la pobreza eterna, porque eso es lo que genera el capitalismo salvaje y deshumanizante.
Sin una transformación radical del sistema judicial no habrá cambios, aunque lo quiera y lo desea –como sé que lo desea- el presidente Luís Abinader. La estructura del Estado, concebida para la corrupción, el desfalco y el robo, no lo permitirá sin ser derribada. De todos modos, siempre será justo y valedero reclamar, ¡justicia para todos!
