Bartolo García
Santo Domingo, RD. – El jurista Yohan López deploró con firmeza los privilegios concedidos al exembajador del Consejo Nacional de Fronteras, Donni Mayobanex Santana Cuevas, condenado a 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra desde los 11 hasta los 14 años de edad.
López reveló que en junio pasado Santana Cuevas recibió un permiso laboral especial que le permite desempeñarse como profesor en la Escuela Nacional del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), a pesar de que dicho centro académico se encuentra inoperante.
Este beneficio concede al condenado la posibilidad de laborar de lunes a viernes en la sede del CARD, mientras que los fines de semana y días feriados cumple prisión domiciliaria en una residencia del Distrito Nacional.
La autorización fue avalada por Trajano Vidal Potentini y Juan Pérez Roa, en presunta calidad de presidente y vicepresidente del Colegio de Abogados. No obstante, López puntualizó que tales atribuciones corresponden al Consejo Nacional de la institución, lo que torna aún más cuestionable la legalidad del procedimiento.
“Estamos ante una situación gravísima, donde una persona condenada por un delito atroz contra una menor recibe privilegios injustificables bajo el amparo de una institución que debería ser garante de la ética y la justicia”, expresó López en su comunicado.
El jurista señaló que este tipo de beneficios no solo indignan a la sociedad, sino que ponen en entredicho el compromiso de las instituciones con la protección de los derechos humanos y la defensa de la niñez y la adolescencia.
Agregó que el caso pone en evidencia cómo algunos sectores manipulan la institucionalidad del CARD para favorecer intereses particulares, aún a costa de la credibilidad del sistema judicial y de la confianza de la ciudadanía.
López subrayó que se trata de un hecho que no debe pasar desapercibido, pues involucra tanto a una figura condenada por violación como a dirigentes de un gremio que representa a los profesionales del derecho en la República Dominicana.
Recordó que el CARD tiene como principios la transparencia y la defensa de la legalidad, por lo que resulta inadmisible que desde su interior se avalen mecanismos que permiten beneficios fuera de lo que corresponde a una condena de esta magnitud.
Asimismo, señaló que la actuación de los responsables debe ser explicada de manera pública y clara, ya que la sociedad demanda transparencia sobre la manera en que se otorgó este permiso a un condenado por delitos de carácter sexual.
El jurista consideró que, de confirmarse las irregularidades, se estaría frente a un grave precedente institucional, que podría abrir la puerta a otros privilegios indebidos para personas condenadas por delitos graves.
Por tal razón, Yohan López solicitó formalmente al Ministerio Público abrir una investigación exhaustiva sobre el caso, a fin de establecer responsabilidades y sancionar a los responsables de otorgar el beneficio.
Finalmente, hizo un llamado a los gremios profesionales, organizaciones sociales y ciudadanía en general a mantenerse vigilantes para evitar que decisiones de esta naturaleza socaven la confianza en las instituciones y debiliten la lucha contra la impunidad.
Concluyó reiterando que el respeto a la legalidad y la defensa de las víctimas deben prevalecer siempre sobre cualquier interés particular, en especial cuando se trata de delitos tan graves como la violencia sexual contra menores de edad.
