Bartolo García
Juan Hubieres, presidente del Movimiento Rebelde, afirmó este martes que la Policía Nacional y los agentes adscritos a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) que actuaron en un caso contra choferes del transporte público en el municipio Santo Domingo Norte (SDN) son susceptibles de ser demandados por daños patrimoniales.
El dirigente explicó que la posible acción legal se sustenta en el artículo 57 de la Ley 107-13 sobre la Administración Pública, que establece la responsabilidad patrimonial del Estado por actuaciones irregulares de sus funcionarios.
Hubieres señaló que la competencia para conocer este caso correspondería al Tribunal Superior Administrativo (TSA), debido a que, a su juicio, se produjo una clara violación al debido proceso durante la actuación policial.
Indicó que los agentes actuaron sin contar con una orden judicial que autorizara al Ministerio Público y a la Policía a requisar el vehículo donde supuestamente se encontraba la sustancia ilícita.
Según explicó, esta ausencia de autorización judicial constituye una falta grave que invalida el procedimiento realizado contra los choferes involucrados en el operativo.
El presidente del Movimiento Rebelde agregó que la situación se agrava debido a que la supuesta sustancia narcótica ocupada resultó negativa, tras el análisis científico realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Hubieres sostuvo que este resultado confirma que no existía cuerpo del delito y que las imputaciones realizadas carecían de fundamento legal y probatorio.
“No cabe duda de que los agentes policiales han comprometido su responsabilidad bajo la subordinación de sus superiores, ya que actuaron en nombre de la Policía Nacional sin medir la legalidad de sus actuaciones”, expresó.
Afirmó que la actuación de los agentes produjo un daño moral y social a los choferes involucrados, quienes fueron detenidos e imputados por un delito inexistente.
Según Hubieres, se trató de una tratativa policial que no supera el estándar de prueba más allá de toda duda razonable y que generó un daño inminente a trabajadores del transporte público.
El dirigente aseguró que estas acciones ilegales rompieron el debido proceso y afectaron derechos fundamentales, como la buena imagen, el libre tránsito, la libertad personal y la dignidad de los imputados.
Añadió que el impacto de este tipo de actuaciones no se limita al plano jurídico, sino que también repercute en el entorno familiar, laboral y social de los afectados.
En ese sentido, advirtió que las responsabilidades no se subsanan únicamente con suspensiones administrativas o investigaciones internas dentro de la Policía Nacional.
Juan Hubieres concluyó que la Policía Nacional y los agentes del Dicrim involucrados podrían enfrentar condenas indemnizatorias de cifras significativas, como reparación por los daños causados a los choferes, conforme a lo que establece la legislación vigente.
