Acción legal busca que la Junta Central Electoral escuche a la ciudadanía en temas clave
Santo Domingo, RD.- El pasado viernes 5 de abril, Claudio Caamaño Vélez interpuso una acción de amparo ante el Tribunal Superior Electoral contra el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE). Esta medida busca que la JCE implemente procedimientos formales para que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones en audiencias públicas sobre asuntos que afectan directamente el interés público.
Audiencia pública sobre separación de boletas: exclusión ciudadana
El jueves 4 de abril, Caamaño Vélez participó en una audiencia pública donde se discutía la separación de las boletas electorales de senadores y diputados. Tras solicitar la palabra para opinar, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, le preguntó a qué partido representaba. Al responder que estaba presente como ciudadano, Castaños le indicó: “esto no es para escuchar a los ciudadanos, no tiene la palabra”.
Este episodio refleja la preocupación de Caamaño Vélez sobre la exclusión deliberada de la sociedad civil en temas electorales cruciales. Para él, “la democracia no es solo para que los partidos gobiernen, sino, y sobre todo, para que los ciudadanos elijan”.
Impacto de la separación de boletas en el voto y la participación ciudadana
Caamaño explicó que la separación de boletas por niveles electorales no solo regulará la elección de candidatos, sino que también influirá en la forma en que los ciudadanos ejercen su derecho al voto. Por ello, subrayó la necesidad de que cada ciudadano tenga un mecanismo efectivo para intervenir en estos procesos.
Audiencia fijada para resolver la acción de amparo
Junto con la acción de amparo, Caamaño Vélez presentó una solicitud de extrema urgencia que fue admitida por el Tribunal Superior Electoral. La audiencia para resolver este caso está programada para el martes 9 de abril a las 10:00 a.m.
Voto de arrastre: debate entre partidos políticos y la Junta Central Electoral
El voto de arrastre, que implica mantener unidas las boletas de senadores y diputados, ha generado un intenso debate político. Varios partidos argumentan que esta práctica viola la Constitución de la República Dominicana, que garantiza un voto libre y directo. Además, entra en conflicto con la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 15-19, que establece la separación de niveles para senadores y diputados.
Sin embargo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y algunos partidos aliados defienden la continuidad del voto de arrastre entre senadores y diputados. Esta controversia ha impulsado solicitudes para que la Junta Central Electoral se pronuncie y clarifique la normativa aplicable.
Este proceso refleja la tensión entre las fuerzas políticas y la necesidad de garantizar el derecho de la ciudadanía a participar y ser escuchada en asuntos electorales fundamentales.
