Con ocasión de la celebración del Día del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, se refirió a la necesidad de resolver “entre todos” los desafíos que enfrenta el sistema judicial desde hace décadas, como la situación de más de 16,000 personas privadas de libertad sin juicio ni condena.
Aseguró que este es un tema que se debe afrontar “con valentía, sumando esfuerzos, mejorando la coordinación, fortaleciendo cada una de las instituciones y, sobre todo, fomentando la confianza y el respeto hacia cada uno de los actores del sistema de justicia”. Y recordó asimismo que “el objetivo no debe ser imponer medidas de coerción, sino servir justicia, con prontitud y apego al Estado de Derecho”.
El magistrado presidente destacó la labor de los jueces quienes, dijo, “han de ser orgullo del país” porque “de forma responsable, toman las decisiones que sus conciencias les dictan, a veces difíciles e impopulares, pero siempre buscando el apego a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, a la Constitución y la Ley”.
En su discurso anual, Luis Henry Molina informó al país sobre las principales transformaciones realizadas en la institución, vertebradas en torno a tres pilares: Cero mora, 100% acceso y 100% transparencia.
Primera meta: cero mora
Luis Henry Molina comenzó destacando que en esta meta se han logrado resultados que parecían imposibles.
“En el año 2020 la demora llegaba a 18,357 expedientes pendientes de decisión, algunos databan hasta del año 1982. Hoy ya fue resuelto el 100% de los expedientes pendientes de audiencia y fallo apoderados antes de 2019 por la Segunda Sala, Tercera Sala, Pleno y Salas Reunidas. La Primera Sala, que reportaba mayor mora, dejó resuelto el 73% de los expedientes” explicó Molina, al tiempo que informó que este modelo de la Suprema Corte está siendo replicado en todos los tribunales, que están reduciendo el retardo judicial en todos los departamentos judiciales.
El presidente de la Suprema Corte destacó también la aprobación de la Ley de uso de medios digitales, gracias a la cual este año sería posible tener acceso a distancia y un sistema estandarizado para la gestión integral de casos, ahorrando traslados y permitiendo el seguimiento en línea 24 horas, así como habilitando la opción de audiencias virtuales en todas las materias, excepto la penal, por ahora.
“Esta ley es el puente entre la justicia del pasado y el futuro de la justicia. Y para facilitar este cambio, la transformación irá acompañada también de mejor capacitación e incentivos para potenciar la labor de jueces y servidores”, aseguró.
Segunda meta: 100% acceso
Luis Henry Molina explicó también los avances que se están realizando para garantizar una justicia que provea “acceso pleno a las personas, teniendo en cuenta sus posibilidades y condiciones. Potenciando la accesibilidad y cercanía de los servicios”.
Con la Ley Orgánica de Regiones Únicas de Planificación y la entrada en vigencia de la opción de justicia digital se avanzará en esa dirección, aseguró. Se habilitarán sedes de acuerdo a las necesidades del flujo de casos y con un nuevo modelo de gestión, orientada a las personas. La primera nueva sede que será el modelo de “la justicia que viene” está actualmente en construcción en Santo Domingo Este.
Molina señaló también la necesidad de avanzar en medidas alternativas al juicio penal. Poniendo el ejemplo de Estados Unidos, donde solo el 10% de los casos llega a juicio, mientras que en la República Dominicana la cifra es opuesta: llegan el 87%, saturando la justicia penal de manera insostenible.
Para lograr este cambio, actualmente se encuentra en consulta pública el reglamento de Resolución Alternativa de Conflictos. “Un gran reto que nos compromete a todos los actores del sistema”, afirmó.
Tercera meta: 100% transparencia
Luis Henry Molina recordó que mejorar los niveles de transparencia es una prioridad de su gestión desde el primer día, para que las decisiones judiciales puedan ser ampliamente respetadas, eliminando arbitrariedades y recompensar el buen hacer. Aseguró que la transparencia es clave para “construir puentes de confianza que acerquen la justicia a las personas. “
Como medidas aplicadas en esta área, citó la actualización del Código de comportamiento ético y la implementación del Escalafón Judicial, “erradicando la posibilidad del clientelismo”.
También destacó la implementación de una cultura de datos en la justicia: “Ya contamos con un sistema que genera estadísticas operacionales, que se actualizan de manera continua y en tiempo real. Es decir: los datos que antes solo se utilizaban como referencias históricas, ahora se emplean como indicadores para dirigir la gestión”. Estas estadísticas están disponibles en la web del Poder Judicial.
Todas estas medidas han hecho posible que el Poder Judicial obtenga 99.75% en el índice del portal de transparencia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Por su parte, el Registro Inmobiliario ha ampliado sus canales electrónicos para trámites catastrales, mejorando la usabilidad e incorporando el pago en línea. Así, durante 2022 el Registro Inmobiliario mantuvo un nivel de cumplimiento superior al 98% en todas sus oficinas, a pesar de tener un incremento de un 15% en la demanda de servicios.
El futuro del sistema de justicia
Mirando hacia el futuro, Molina concluyó que es necesaria una nueva Ley orgánica del Poder Judicial que permita un uso eficiente de los recursos, mejorando el acceso y la eficacia de la respuesta, con una organización judicial que responda a las necesidades de las personas.
“Buscamos que la justicia se acerque y se adapte cada vez más a las personas, a sus necesidades. Que contribuya a la paz y la estabilidad e impulse el desarrollo del país”. “Y en este camino contamos con la entrega y el compromiso de los más de 7,000 servidores que componen este Poder Judicial y también de otros muchos actores vitales para su funcionamiento”, afirmó Molina.
El acto tuvo lugar en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes y contó con la presencia del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, las magistradas y magistrados del Poder Judicial, numerosos integrantes del cuerpo diplomático, así como otras autoridades y medios de comunicación.
