Santo Domingo– El dirigente político, Guido Gómez Mazara depositó por ante el PEPCA dos nuevos contratos firmados por Gonzalo Castillo durante su gestión como Ministro de Obras Públicas y sus respectivos addendum relativos a las obras de las carreteras Cibao-Sur y la de Bávaro-Uvero Alto-Sabana de la Mar y la construcción de una terminal portuaria en Sabana de la Mar.
Para el abogado y profesor universitario, los montos de ambas obras ameritan una investigación responsable porque US$72,647,946.82 realizada con el Consorcio Cibao-Sur en fecha 26 de octubre del 2016 y la de Bávaro-Uvero Alto- Sabana de la Mar de US$104,720,903.07 del 31 de agosto del 2015, nunca han sido objeto de las dilengencias procesales que tipifican todo el proceso relativo a la compañía constructora brasileña.
Planteó que el señor Vasconcelos Cruz es la persona que aparece rubricando junto a Gonzalo Castillo ambos contratos para que por las vías administrativas y financieras se autorizaran los respectivos desembolsos, pero que en todo el proceso de delación el funcionario de la empresa constructora admitió que en el país desde la oficina de operaciones estructuradas de Odebrecht se pagaban sobornos a funcionarios dominicanos para los contratos, lo que hace extraño que esas modalidades de corrupción no motivaran al Ministerio Público a citar al hoy candidato presidencial del PLD.
Gómez Mazara reiteró que el ocultar y/o nunca acceder a la documentación donde aparecen los contratos de agosto del 2015 y octubre del 2016 entre MOPC y Odebrecht resulta sospechoso debido a que, en los archivos de la entidad pública, la prueba entre el señor Vasconcelos Cruz y Gonzalo Castillo transformarían el sentido de un proceso acusatoria que siempre intentó dejarse en el año 2012 para que los “nuevos” elementos no alcanzaran a funcionarios de la administración del Presidente Medina.
Señaló que un ministerio público cómplice ocultó pruebas y nunca pretendió encontrar la documentación que deposita por ante el PEPCA por los elementos incriminatorios y que intentando esquivar la inclusión de todos los responsables se generó la sensación de que estableciendo hasta el año 2012 las vinculaciones con Odebrecht podrían ser procesables los que no colindaba en ejericicio gubernamental de Danilo Medina.
Finalmente, reiteró que su nueva acción ante el PEPCA constituye un acto de compromiso ciudadano para, no solo advertir y sancionar los excesos como los de Odebrecht, sino enviar una señal a las autoridades que iniciarán a partir del 16 de agosto sobre el impostergable proceso de adecentamiento de la vida nacional, y que deposita toda la documentación ahora porque la sociedad siempre tuvo sospechas sobre el “están todos los que son”, y que dicho grito en voz del Procurador tenía el interés de excluir a determinadas figuras de la vida nacional.
