POR RAFAEL MÉNDEZ
El gobierno interventor de los Estados Unidos en la República
Dominicana (1916-1924) sentó las bases para la acumulación originaria
en todas las ramas armadas, el cuerpo del orden y los organismos de
seguridad del Estado, a partir de establecer e institucionalizar el
acceso a ingresos extraordinarios de los uniformados que alcanzaran el
primer eslabón de oficiales superiores.
Esa bien pensada estrategia que se propuso establecer el gobierno
interventor buscaba convertir en estamentos de clase, vale decir,
castas que se sientan parte del estado burgués, del desarrollo
capitalista, que se proponían establecer en la República Dominicana,
ya que un cuerpo de formado por harapientos, no podía defender, ni
muchos menos sentirse parte, de la estructura económica capitalista
que se proponían desarrollar.
De acuerdo con el profesor Juan Bosch, en su libro “La Guerra de la
Restauración”, esa desigualdad social se le estrellaba en la cara a
ese ejército de harapientos, “mientras que los comerciantes, que no
iban a la guerra, vivían en la abundancia o por lo menos con ciertas
comodidades” …” que, en el caso de los más prósperos, se piensa que
debían ser ricos o acomodados”.
Bosch cita al brigadier Antonio Peláez Campomanes, que en su “Memoria
de la parte Española de la Isla de Santo Domingo”, establece que el
ejército dominicano iba a la guerra contra Haití “descalzos, medio
desnudos, y sin más provisiones que algunas galletas, que por
extraordinario les da el Gobierno, se mantienen con caña de azúcar,
plátanos, boniatos (batatas), ñames y otras raíces que abundantemente
produce sin cultivo del terreno”.
Y añade: “Consecuente con esta penuria es que no pudiendo el Gobierno
recompensar con pensiones ni buenos sueldos a sus servidores, se ha
visto en la necesidad de no escasear los títulos miliares para premiar
las acciones notables al frente del enemigo…pasan esos habitantes de
coroneles, generales y almirantes, y vuelven a su oficio de ganar sus
subsistencia, sin que extrañe ver a cada paso antiguos oficiales de la
mayor graduación ejerciendo la profesión de carreteros o destapando
barriles en casas de comercio”.
El vicealmirante Eurípides Antonio Uribe Peguero, en su libro
“Militares y Autoritarismo, establece que “en el momento de la entrada
de las tropas norteamericanas en el 1916 la República Dominicana
contaba con 416 generales y 479 coroneles, pero la mayoría eran
generales y coroneles auto designados y no correspondían a un esquema
militar organizado”.
En el mismo párrafo se advierte: “esos generales y coroneles provenían
de las luchas montaneras que se desataron con el caudillismo regional,
incrementado después de la muerte de Ramón Cáceres en 1911, quien los
mantuvo satisfechos asignándoles partidas mensuales para que les
garantizaran gobernabilidad. Eran los generales del Concho primo”.
El mismo autor, en la referida obra, más adelante refiere que “la
oficialidad de esta exagerada población de generales” (que pone entre
comillas) se hacía con la asignación de una partida presupuestaria
para el cuerpo de generales a las órdenes de la presidencia”, mientras
que una nota al pie indica que “en el Presupuesto de 1909, el
presidente Ramón Cáceres asignó RD$20,000 para el pago de una nómina a
los Generales de la Republica”.
Origen de la acumulación originaria
Para algunos historiadores, la acumulación originaria se pone en
práctica con la creación de la Guardia Nacional Dominicana, mediante
la Orden Ejecutiva número 47, del 7 de abril de 1917, del gobierno
militar de ocupación al mando del contraalmirante Harry Shepard Knapp,
y se hace extensiva a la Policía Nacional a partir de su creación en 2
de marzo de 1936, y termina abarcando a todos los uniformados que
alcanzan los mismos niveles en los organismos de seguridad.
Esa acumulación originaria, considerada algunos como “corrupción
institucionalizada”, se hace más ostensiva con la muerte del tirano el
30 de mayo de 1961, ya que “en todas partes, las fuerzas armadas
forman la raíz y el tronco, de un Estado”, como lo indica el profesor
Juan Bosch, aunque “en su campaña contra la corrupción, Bosch, procuró
forzar a los militares a vivir de manera exclusiva de sus salarios”,
según lo establece el periodista Piero Gleijeses, en su libro “La
Esperanza Desagarrada”.
El doctor Luciano Anzelini, en su libro “Imperialismo Informal
Militarizado”, un estudio de caso sobre las relaciones de Estados
Unidos con la Guardia Nacional Dominicana, asegura que los organismos
armados, de seguridad y el cuerpo, constituyeron un “imperio formal
militarizado”, creado para que se conviertan en la “continuidad de una
guardia contributaria que había sido creada, pertrechada y conducida
por oficiales estadounidenses durante el periodo de ocupación”.
Y para que se vea más claro, la herencia que aún hoy día pervive,
Brian J. Bosch, en su libro “Balaguer y los militares”, recuerda que
“el cuerpo de oficiales dominicanos de las décadas de los sesenta y
setenta (que es la época que el autor analiza en su libro, nota de
RM), fue una consecuencia directa de la ocupación de Infantería de
Marina de los EEUU durante 1916-1924 y los treinta y un años de la
dictadura de Trujillo”.
