Por Luís Céspedes Peña
A diferencia de la mayoría de los gobiernos que tuvo el país, compuestos por profesionales de la política, el que dirige Luis Abinader es predominantemente empresarial, aunque el jefe de Estado tiene la doble condición.
Y es razonable, porque el fuerte de la inversión económica en la campaña electoral que eligió al Presidente Abinader, los senadores, diputados, alcaldes y directores de Distritos Municipales del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), salió de personas que representan una parte del nuevo empresariado.
A la mayoría de dirigentes del PRM sólo le queda quejarse de que la totalidad de los altos cargos del Estado, incluyendo senadores, diputados, ministros, administradores y directores generales, están ocupados por ese sector empresarial.
Esa es la razón por la cual la parte política del gobierno del PRM, no tiene poder para el control de los altos precios de los productos de consumo masivo, incluyendo los de la construcción.
Las Asociaciones de Ferreteros, los comerciantes y los consumidores, vienen exigiéndoles al gobierno bajar los precios de los productos, pero eso es imposible por la situación descripta. En el caso de los materiales para la construcción, lo que hizo el Presidente fue disponer compras masivas para concluir obras del Estado, incluyendo las escuelas, como una forma de decir esto es lo que va. Los dominicanos no deben esperar bajas de precios, los cuales están a los más altos niveles, a pesar de que la nación sigue recibiendo más dólares de los dominicanos en el extranjero.
El alza del dólar era lo que se alegaba hacía subir los precios de los productos, pero ya se sabe que eso incide, pero no a nivel global, porque ahora los precios, especialmente de los alimentos y los materiales para la construcción, deberían estar bajísimos.
El problema está en que el gobierno condujo al país al mayor grado de endeudamiento interno y externo, el cual arrastra más de lo disponible del 70 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). Al país le está quedando menos del 30% para el pago de los empleados, gastos generales e inversiones públicas.
El gobierno mantiene centralizada su política en los impuestos indirectos a la población, mientras lucha por gravar otros importantes sectores, como las tierras, a través de una reforma fiscal, que consiste en aumentar las cargas impositivas existentes y poner otras. ¡La reforma fiscal es para que los consumidores paguen más impuestos, no para bajarlos ni quitarlos!
Y, mientras eso ocurre, ese mismo sector empresarial que dirige el poder, ya comenzó a distribuirse la planta generadora de electricidad Punta Catalina. Pero en Santiago, en los sectores donde se supone que debe haber energía eléctrica las 24 horas, los apagones no cesan, donde funciona EDENORTE.
El Presidente Abinader debe entender que dirige un país muy parecido a los volcanes durmientes, que lucen apagados, pero “ardiendo por debajo de la superficie”. Hay una gran disminución de la producción agropecuaria, lo que también motiva las alzas en los precios de sus productos.
El Presidente de la República declaró que el gobierno creó un millón de empleos, pero mandó al desempleo a más de un millón 300 mil, con cancelados en las instituciones del Estado y los que quedaron fuera por la eliminación de entidades públicas, como el FONPER u otros organismos del Estado.
Y todavía el gobierno tiene pendiente la cancelación de aproximadamente otro millón de pesos. Como ya el país está perdiendo la capacidad de pagos, no se puede esperar bajas en los precios de la mayoría de los productos, porque ya esos recursos están comprometidos con el pago de las deudas interna y externa.
La sociedad, independientemente a que ya no tendrá mejoría económica en estos tres años, porque para eso tendrían que bajar entre un 100 y 220 pesos por ciento, que es lo que se estima aumentaron desde que el PRM asumió el poder, debe actuar con comedimiento, debido a que si caemos en un estado de crisis institucional, los problemas serán peores. ¡El gobierno debe cambiarse en el 2024!
Con respecto a la intención del Senado de la República, para que el Presidente Abinader disponga que las personas no vacunadas no puedan realizar sus gestiones en los bancos, supermercados u otras instituciones, debemos decir que eso es totalmente violatorio a la Constitución de la República, aunque es importante que los ciudadanos se vacunen en contra del COVID-19. ¡Es una decisión de cada ciudadano!
El problema está en que la mayoría de los legisladores parece que no lee la Constitución de la República. Se sabe científicamente que el mejor remedio para evitar la enfermedad, es el uso de la mascarilla y la higiene, porque las personas, aún con las dos vacunas, se contagian. Pero vacunarse o no, es un derecho constitucional de cada persona. Veamos lo que dice la Constitución.
Artículo 39.-Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal.
(Del mismo Artículo 39, acápite) 15.- A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe.
Artículo 42.-Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas.
Lo que dice la Constitución es que el Estado debe proteger a los ciudadanos, cuando sus derechos estén en riesgos. ¡Es todo lo contrario a lo que le sugirió el Senado al Presidente Abinader! En este casi año de gobierno, ya conocemos el accionar del jefe de Estado. !Gobierna con mucha presión!
¡Gracias por leernos).
