Ramón Mercedes
NUEVA YORK.- El gobierno de Estados Unidos ya comenzó a notificar pacientes que reciben tratamiento médico en territorio estadounidense con visa humanitaria que deben abandonar el país en los próximos días, según publicó el pasado viernes el periódico The NY Times.
El pasado mes, y sin previo aviso, el Servicio de Inmigración (USCIS) eliminó un programa que impedía que los inmigrantes fuesen deportados mientras ellos o sus familiares estuviesen recibiendo algún tratamiento médico de vida o muerte. La medida entró en vigor el pasado 7 de agosto.
El Times puso de ejemplo el caso de la guatemalteca María Isabel Bueso, hoy con 24 años, quien llegó a EE.UU cuando tenía 7 y la semana pasada recibió una carta notificándole que debe abandonar el país en los próximos 33 días o será deportada.
Su médico, su abogado y su madre describieron la orden como una “sentencia de muerte”.
Cada semana, durante varios años, Bueso ha recibido infusiones intravenosas de Mucopolisacaridosis de tipo seis (MPS-6), la enzima de remplazo que trata su enfermedad que causa enanismo, visión nublada y compresión de la médula espinal, entre otras condiciones.
Han pasado 16 años desde que comenzó a ir al hospital para recibir infusiones semanales, de cuatro a seis horas, de Naglazyme, la medicina que controla su padecimiento. A pesar de la parálisis que caracteriza a su enfermedad, ha logrado tener una vida productiva.
El año pasado se graduó summa cum laude en la Universidad Estatal de California, East Bay, donde colaboró para comenzar una beca para estudiantes con enfermedades raras. También ha viajado y hecho presentaciones ante legisladores en nombre de las personas que sufren ese tipo de enfermedades, especifica el periódico.
Su familia vive en una casa confortable de un vecindario de clase media en Concord, California, que sus padres compraron y acondicionaron para que ella pueda desplazarse con su silla de ruedas. Nunca se imaginaron que tendrían que abandonar el país, puesto que las autoridades solían aprobar las extensiones de sus permisos.
Cuando Lawler, el abogado de la familia, les contó a Bueso sobre la decisión que el gobierno tomó la semana pasada, ésta comenzó a temblar sin control.
El gobierno del presidente Donald Trump eliminó un programa que permitía a los jueces de inmigración poner fin a los casos de deportación bajo circunstancias excepcionales.
En conjunto, estos cambios imposibilitan que esas personas, que antes no eran susceptibles de ser deportadas, puedan defenderse si las autoridades federales de inmigración las detienen, dicen expertos.
En ese mismo orden, se ha informado que varios dominicanos reciben atención médica en EE.UU amparados en una visa humanitaria, como es el caso de Rosa Hernández, de 46 años, interna en el hospital Harlem, en Manhattan, con un cáncer terminal.
Entró a EE.UU con visa cuya renovación le fue negada después que solicitó una cuarta extensión de estadía, y ahí mismo fue puesta en la lista de deportación por Inmigración.
