Juan T H
En nuestro país la política lo enturbia todo, lo daña, lo perjudica, lo obstaculiza, lo impide, lo limita o lo determina. Hay temas, sin embargo, que no deben discutirse o planificarse poniendo los intereses políticos por el medio.
Lo que para los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana que encabezaron Leonel Fernández y Danilo Medina, era bueno y saludable, ahora, cuando el gobierno del Partido Revolucionario Moderno que encabeza Luis Abinader, para beneficio del país, pretende hacerlo con una visión distinta, más transparente y moderna, dicen que es inaceptable, porque incentiva la privatización de los bienes del Estado, por lo cual la ley de fideicomiso debe ser orgánica, aprobación con el voto calificado de la mayoría de los legisladores de ambas cámaras.
Los expertos en materia constitucional que no pertenecen a ninguno de los partidos han dicho de manera tajante que no es cierto, que no se requiere de una ley orgánica. No creo, sin embargo, que ese sea el tema. Pecaríamos de ingenuos si creyéramos que se trata de algo tan simple y sencillo.
El problema no es la ley, el problema es de carácter político. Los fideicomisos que se hicieron durante los gobiernos del PLD estuvieron matizados por la falta de transparencia. Fueron instrumentos de robo y saqueo. La corrupción fue fundamental en los proyectos de fideicomisos, como la construcción de la carretera -callejón- de Samaná que nos obligaba a pagar un peaje sombra irracional.
La “capitalización” estuvo caracterizado por la falta de transparencia. Por esa práctica casi todos los funcionarios durante los gobiernos del PLD deberían estar en la cárcel, pero la impunidad y la complicidad política y judicial lo ha impedido. El PLD y sus aliados del sector privado se robaron las empresas del Estado. Las quebraron, las vendieron a precio vil o la expropiaron para enriquecerse y enriquecer a sus compañeros de saqueo.
Los fideicomisos del PLD se hicieron para el robo y el saqueo; los que pretende hacer Luis Abinader es para contribuir al desarrollo nacional, creando nuevos empleos y mayores niveles de riquezas y mejor distribución de la mismas.
Para esos proyectos, algunos de los cuales ya están ejecutándose, se requiere, eso sí, de una buena ley, orgánica o no, eso es percata minuta, bien transparente que preserve el interés nacional, que proteja los bienes del pueblo. Una alianza del sector público y el sector privado donde el sector público sea el mayor beneficiario, donde el pueblo mantenga siempre la mayoría de los acciones. El PLD hizo durante sus gobiernos todo lo contrario: favoreció el gran capital, tanto nativo como extranjero.
El gobierno del presidente Abinader quiere el progreso. Los fideicomisos del gobierno de Abinader no perjudicaran al pueblo, al contrario, lo beneficiaran grandemente. El PLD y los sectores que lo respaldan vergonzosamente, que no se atreven a dar la cara, lo saben. Con la construcción de nuevas rutas del Metro, del Monorriel y de otros megaproyectos, en alianza público-privada, el país será otro en poco tiempo. La correlación de las fuerzas políticas también será otra.
Los intereses nacionales serán protegidos a través de la ley de fideicomisos, no serán perjudicados, como dicen los que desde el litoral opositor se oponen y lo satanizan.
