La fiscal dominicana del condado Passaic en Nueva Jersey, Camelia M. Valdés está siendo demandada por un ex empleado de su oficina, Henry Hernández, un especialista forense en medios digitales que se negó a abrir imágenes implícitamente sexuales de la funcionaria y su esposo que estaban en un CD.
Hernández, quien llevaba 21 años y un mes trabajando en la fiscalía del condado Passaic fue contratado en abril de 2001 para que laborara en la Unidad de Investigaciones de Delitos Digitales.
Señaló que al pedido de la fiscal Valdés, él se negó a abrir los CD porque consideró que según la explicación de ella, contenían imágenes con poses inapropiadas de la pareja.
Luego de su negativa, alega la demanda, la fiscal comenzó a reprimirlo y hacerle el ambiente laboral imposible al punto de que aunque Hernández se contagió de COVID-19, ella no dispuso que se le instalara una división de plástico en su oficina.
El medio NJ Media Advance dijo ayer que la fiscal Valdés se negó a responderle preguntas sobre lo alegado por Hernández y la demanda.
La respuesta de la funcionaria al medio fue la de que ella no discute asuntos en litigios.
Hernández, de 50 años de edad que reside en la ciudad de Clifton en Nueva Jersey dice que cuando abrió el disco en su computadora, vio fotografías de Valdés y su esposo en varias etapas de desnudez y rehusó bajar las imágenes y procesarlas.
La demanda fue incoada el 18 de abril 2022 en el Tribunal Superior del Condado Passaic y en parte de los alegatos, Hernández sostiene que no creía que fuera apropiado para él ver estos materiales y le devolvió el CD a Valdés diciéndole que no podía procesarlo.
En 2014, Valdés le entregó a Hernández otro CD con fotos y le dijo que procesara el disco, según la demanda y le indicó que también había artículos personales en el incluidas imágenes que eran inapropiadas en un entorno de trabajo.
Pero Hernández se negó otra vez a procesar las tomas y afirma que después del segundo incidente, comenzó a sentirse “congelado” por otros en la oficina.
“Fue tratado de manera diferente y Valdés y otro personal de su oficina (PCPO) comenzaron a actuar hacia él de una manera mucho más fría que antes”, afirma la demanda.
El reclamo de Hernández incluye cinco cargos: represalias, angustia emocional y violaciones de la ley estatal contra la discriminación.
Hernández afirma que la represalia empeoró cuando llegó el COVID-19 y que sus supervisores ignoraron sus problemas médicos, negándose a instalar barreras de escritorio de plástico en su área de trabajo.
Hernández y los empleados de su unidad contrajeron COVID-19 en diciembre y las barreras plásticas fueron instaladas en febrero por lo que el demandante presentó una queja a su sindicato.
Además de Valdés y la oficina de la fiscalía de Passaic, la demanda incluye a un investigador jefe y a varios funcionarios anónimos que trabajan allí.
Hernández mostró papeles médicos que prueban que sufre de problemas cardíacos y diabetes y a pesar de eso, no fue protegido contra COVID -19.
La demanda también afirma que a Hernández no se le pagó por trabajar los fines de semana durante la pandemia, cuando laboraba virtualmente desde casa para distribuir una lista de COVID-19 de todas las pruebas positivas a los municipios del condado Passaic.
La oficina de la fiscal acordó pagarle a Hernández por su trabajo de fin de semana, pero luego inexplicablemente le retenía el pago de una hora cada vez que trabajaba desde su casa durante la pandemia.
Valdés ha sido la fiscal del condado de Passaic desde el 16 de mayo 2009, cuando fue nombrada por el entonces gobernador estatal de Nueva Jersey, Jon Corzine y confirmada por los senadores y asambleístas estatales.
Valdés se convirtió en la primera fiscal latina y dominicana en Nueva Jersey y el condado Passaic.
PERFIL
Valdés es la primera fiscal principal de ascendencia dominicana en los Estados Unidos.
En octubre de 2011 la revista Hispanic Business Magazine la nombró como una de las 100 hispanas más influyentes de los Estados Unidos.
En diciembre de 2011, el entonces presidente Leonel Fernández, la distinguió como una de las 100 dominicanas más influyentes que viven en el exterior.
Su despacho es responsable de la administración de aproximadamente 185 empleados de oficina, un presupuesto de de $19.2 millones de dólares y la supervisión de 16 departamentos de policías municipales, policías de las Universidades Estatales William Paterson y Montclair y el Departamento del Sheriff del Condado Passaic.
Su perfil dice que ha dedicado su carrera profesional al servicio gubernamental.
Se desempeñó como Fiscal Municipal en la ciudad de Newark, Fiscal General Adjunta en la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey y como Fiscal Federal Auxiliar en la en Newark.
Su experiencia ha abarcado desde la investigación y el enjuiciamiento de infracciones municipales hasta delitos federales complejos que incluyen la trata de personas, el fraude de atención médica, los delitos financieros y los delitos violentos.
Fue asesora asistente de la gobernadora Christine Todd Whitman y el gobernador interino Donald T. DiFrancesco, donde manejó todos los aspectos del derecho penal. Dos de sus logros más notables incluyeron trabajar en los proyectos de ley que crearon los tribunales de drogas y el Registro de internet para delincuentes sexuales de Nueva Jersey.
Fue presidenta de la Asociación de Fiscales de Nueva Jersey y presidió la Asociación de Abogados Hispanos de Nueva Jersey y como fideicomisaria de la Asociación de Abogados del Estado de Nueva Jersey.
Es miembro activa de Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc que agrupa un conglomerado de organizaciones en los Estados Unidos.
Hija de padres dominicanos nació en El Bronx y se crió en Newark (Nueva Jersey). Estudió en escuelas públicas de Newark. Se graduó de licenciada en sociología en la Universidad Seton Hall en 1993, como abogada en la Escuela de leyes de la Universidad Rutgers / Newark, y en 1996 obtuvo su licenci9a en defensa de juicios de la Universidad de Temple en mayo de 2001. Es madre orgullosa de dos niñas autistas, Isabela y Elsa, por lo que se esfuerza para crear conciencia sobre el autismo y la educación para niños y niñas con necesidades especiales.
Por Miguel Cruz Tejada