La familia de la dominicana Ruth Esther Pérez Reyes asesinada junto a sus hijos por su esposo Eugenio Severino en la residencia en la que convivían en el complejo de apartamentos en el municipio de Penns Grove Gardens el 5 de febrero de 2020 en el condado Salem de Nueva Jersey incoo una demanda millonaria contra el propietario que se negó a cambiar la cerradura lo que permitió que el asesino entrara a la vivienda con las llaves que tenía.
Después de matar a la esposa y sus hijos, Euriany y Eury de 5 y 2 años, se ahorcó en un área boscosa cerca del complejo habitacional.
La demanda reclama a la empresa de bienes raíces con sede en Massachusetts, Penns Grove Apartments, LLC y el operador del apartamento, Housing Management Resources, Inc que si se hubiera cambiado la cerradura los crímenes se hubieran evitado al menos dentro de la residencia.
Esther, quien tenía 30 años de edad había puesto una orden de alejamiento contra su esposo, de 54, que se resistía a irse de la casa y la había amenazado varias veces en enero, un mes antes de consumar los homicidios.
“Los operadores de apartamentos podrían haber evitado los asesinatos cambiando la cerradura de una puerta”, sostiene la demanda.
El 16 de enero, Esther obtuvo la orden de alejamiento y lo botó del apartamento.
Ella había solicitado que los operadores del apartamento le cambiaran las cerraduras de las puertas, ya que su esposo tenía las llaves de la unidad, dice la demanda, pero esa solicitud fue negada.
Días después, Severino usó sus llaves para ingresar al apartamento, para asesinarla junto a sus hijos.
La demanda acusa también a los operadores de apartamentos de no cumplir con una ordenanza del ayuntamiento del municipio de Penns Grove creada en respuesta a otro asesinato en el mismo complejo.
La demanda alega negligencia, contratación negligente, muerte por negligencia e incumplimiento de contrato.
“Las mujeres y sus hijos no deberían tener que temer por sus vidas, o perderlos, porque sus propietarios y las partes con las que contratan no mantienen a salvo a esas mujeres y niños”, dijo uno de los abogados de la familia, Samuel D. Jackson, en una declaración al medio NJ Advance Media que dio a conocer la demanda por primera vez esta semana.
“Los acusados aquí no se molestaron en seguir una ley que fue aprobada para abordar su propio mal comportamiento, y el resultado predecible fue una tragedia aún peor. Esperamos que esta demanda envíe ondas de choque a la comunidad de propietarios de Nueva Jersey y haga que los que se den cuenta de que la salud y la seguridad de sus inquilinos deben prevalecer sobre todas las demás consideraciones, especialmente las ganancias”, añadió el abogado.
Además de los daños compensatorios y punitivos, la familia busca la recuperación del depósito de garantía de $1,207 dólares que Reyes pagó por la unidad.
Johnny Solano, un primo lejano de Severino y amigo de la señora Reyes que le consiguió trabajo a la pareja en una parada de camiones, dijo el año pasado que Severino se quedó con él por un corto tiempo después de la orden de alejamiento.
Relató que el asesino suicida dormía en su automóvil y parecía estar derrumbándose mentalmente, aunque nadie pensó que consumaría las amenazas.
Reyes le dijo a Solano que su esposo había intentado que ella retirara la orden de alejamiento y que había visto su auto en el complejo de apartamentos, pero no llamó a la policía porque temía que eso empeorara la situación.
Ella tenía miedo de su esposo y volvía a casa del trabajo todos los días y registraba el apartamento para asegurarse de que él no estuviera allí, agregó Solano.
Solano se desempeña como administrador de las propiedades de Reyes y sus hijos en nombre de los padres de la mujer que viven en la República Dominicana donde ella y sus hijos fueron sepultados.
Por Miguel Cruz Tejada
