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La magistrada María del Carmen Santana de Cabrera, coordinadora del evento, manifestó que la comunidad jurídica debe tomar la precaución de reconocer este fenómeno que impacta la protección de datos de las personas

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Santo Domingo, RD.- Con el objetivo de crear conciencia sobre el avance de la tecnología y su impacto en los derechos de las personas, el Tribunal Constitucional (TC) realizó en Santo Domingo y Santiago la conferencia «La protección de datos en la inteligencia artificial», a cargo de las catedráticas españolas M.ª Mercedes Serrano y Mónica Arenas, quienes han investigado este tema durante años.

Mercedes Serrano Maria del Carmen Santana de Cabrera y Monica Arenas
Mercedes Serrano, María del Carmen Santana de Cabrera y Mónica Arenas

En sus ponencias, las académicas exhortaron a las autoridades dominicanas a crear una nueva legislación para proteger los datos de las personas, debido al rápido avance la inteligencia artificial a nivel mundial, que impacta de manera directa derechos fundamentales de las personas, como la privacidad y la dignidad.

A consideración de la Dra. M.ª Mercedes Serrano, profesora de la Universidad Castilla-La Mancha, más que una reforma a la Ley núm. 172-13, que tiene por objeto la protección de los datos personales, es necesario la elaboración de una nueva norma, ya que la actual está enfocada en los sistemas de información crediticia.

«Creo que no hay ningún sector de la sociedad en el que ahora mismo no haya una intervención, una penetración más o menos importante, y más o menos intensiva, de la inteligencia artificial, y esto es solo el principio, porque la intervención de la inteligencia artificial en todos los sectores será cada vez más invasiva», expresó.

RD nueva norma de proteccion de datos ante auge de inteligencia artificial1

Indicó que el catálogo de derechos fundamentales que están consagrados en las constituciones de los diferentes países puede verse afectado por la inteligencia artificial.

En ese sentido, Serrano recomendó que, al momento de crear una nueva legislación sobre el tema, se tome en cuenta el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, con el que se busca proteger los datos y la privacidad de los ciudadanos, para que luego se pueda regular la propia inteligencia artificial.

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«Sin que esas dos normas vayan de la mano sería muy difícil, y es complicado que los sistemas de inteligencia artificial puedan no representar una amenaza cuando traten datos de carácter personal para los ciudadanos», dijo.

Sobre el tema, la Dra. Mónica Arenas, profesora de la Universidad de Alcalá, afirmó que hay que empoderar a los ciudadanos y dotarles de los mecanismos para que sepan lo que se hace con su información personal, lo cual se consigue con una reforma legislativa centrada en los derechos de las personas. «Así conseguiremos una inteligencia artificial ética y fiable… Lo que diseñemos ahora es lo que va a marcar nuestro futuro», sostuvo.

La jurista advirtió sobre lo rápido que avanzan las tecnologías y la normalización de que las personas están acostumbradas a dar sus datos en cualquier sitio.

Dijo que esta revolución digital que estamos viendo es innegable e imparable y que las innovaciones tecnológicas que se están produciendo en un muy corto periodo de tiempo son muchas y muy variadas.

Arenas precisó que la inteligencia artificial no solo impacta a las personas, sino también en la democracia de los países. «Cuando ya estamos hablando de que impactan en los derechos, los Estados, el poder, la humanización del poder tiene como finalidad garantizar los derechos de los ciudadanos, en realidad ya está afectado el Estado de por sí», añadió.

Protección de datos es un derecho con rango constitucional

Al pronunciar las palabras centrales del acto, la magistrada María del Carmen Santana de Cabrera, coordinadora del evento internacional, manifestó que, a pesar de las bondades de la inteligencia artificial, la comunidad jurídica debe tomar la precaución de reconocer este fenómeno para poder enfrentarlo, pues impacta directamente en la protección de datos de las personas, independiente de que tengan o no acceso a los medios tecnológicos.

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La magistrada indicó que la protección de datos es un derecho con rango constitucional en el país y enfatizó que «basta con que existan datos personales para que estos puedan ser detectados, archivados y procesados por la inteligencia artificial».

«De ahí que hablamos de un riesgo de primera importancia, dado que se trata de aspectos personalísimos, como los datos biométricos o los gustos personales, los cuales podrían ser manejados por una fuerza impersonal, la que, por su propia naturaleza, actúa de manera mecánica y no se contiene por la moral o el derecho», expuso la jueza constitucionalista.

En ese sentido, precisó que el TC, en su condición de máximo garante jurisdiccional de la Constitución, tiene el deber y la voluntad de evitar que el desconocimiento afecte este derecho, por lo que se propuso realizar esta conferencia con las destacadas catedráticas Serrano y Arenas, de quienes resaltó su experiencia e investigaciones sobre el tema y agradeció su disposición.

Las conferencias se realizaron el jueves y el viernes en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), recinto Santo Domingo y Santiago, respectivamente.

El rector de la casa de altos estudios, reverendo padre Secilio Espinal, quien dio la bienvenida a los asistentes en Santiago, manifestó que esta conferencia pone de relieve un tema de actualidad que amerita profundas reflexiones, pues la inteligencia artificial impacta todos los ámbitos de la vida.

De su lado, el director de la Escuela de Derecho de la PUCMM en Santo Domingo, Héctor Alíes, precisó que el mundo de la inteligencia artificial va tan acelerado que impide realmente vislumbrar el impacto que puede tener en nuestra vida cotidiana y en nuestros derechos.

El evento contó con la presencia de los magistrados Domingo Gil, José Alejandro Ayuso, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Army Ferreira y Amaury A. Reyes Torres, así como el Dr. Milton Ray Guevara, pasado presidente del TC, jueces de altas cortes, fiscales, catedráticos, juristas y estudiantes universitarios.

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